Didier Reynders, comisario de Justicia de la Unión Europea, ha dirigido una carta al ministro de Félix Bolaños, ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, y a Pilar Llop, ministra de Justicia, para que le expliquen el alcance de la futura ley de amnistía que el PSOE está gestando para obtener el apoyo de los 7 diputados del partido del prófugo expresidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont.
Son 7 votos vitales para poder conseguir la investidura como presidente del Gobierno para Pedro Sánchez.
«Ahora se expresan serias preocupaciones adicionales en relación con los debates en curso sobre la posible adopción de una ley de amnistía. Aunque por el momento no existe ninguna propuesta formal, este asunto ha adquirido una importancia considerable en el debate público y la Comisión ha sido contactada al respecto, incluso por un gran número de ciudadanos», le dice Reynders a Bolaños y a Llop en su misiva.
REYNDERS PIDE DETALLES SOBRE LA LEY DE AMNISTÍA
Para, a continuación, añadir: «Por consiguiente, les agradecería que me facilitaran información más detallada, en particular sobre el ámbito de aplicación personal, material y temporal de esta ley prevista«.
El comisario europeo de justicia termina recordando a los dos ministros españoles que «la Comisión mantiene su compromiso de supervisar y defender los valores fundamentales de la Unión en todos los estados miembros y seguirá colaborando con las autoridades españolas para garantizar el respeto del Estado de Derecho».
No es nada normal que la Comisión Europea, que actúa como un «primus inter pares» (primero entre iguales) pida explicaciones sobre asuntos como este, una ley de amnistía, cuyo texto no se conoce todavía. De ahí su importancia. Es un aviso claro de la Unión Europea donde parece existir preocupación de que dicha ley pueda amnistiar delitos de malversación de fondos públicos, lo que supondría un retroceso en la lucha contra la corrupción en el espacio europeo.
En la primera parte de la carta, Reynders subraya que España no ha avanzado en el proceso de renovación del Consejo General del Poder Judicial, que se encuentra con un mandato caducado que próximamente cumplirá 5 años, por la incapacidad para llegar a un acuerdo sobre los nuevos vocales.
RENUEVEN EL CGPJ
«En primer lugar, no se ha avanzado en su renovación a pesar de la urgencia y, en segundo lugar, no se han tomado las medidas para adaptar el proceso de nombramiento de sus jueces miembros teniendo en cuenta las normas europeas», dice Reynders.
«La Comisión debe reiterar su llamamiento a todas las partes involucradas para que implementen las recomendaciones realizadas en 2022 y 2023 en los informes sobre el Estado de Derecho«, destaca.
Y apremia a los dos ministros a afrontar la renovación del CGPJ cuanto antes: «Tras las elecciones parlamentarias celebradas en España, por lo tanto le escribo para insistir en la necesidad de priorizar la situación del Consejo para la Judicatura y de abordarlo sin retraso».
