El máximo órgano del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la Comisión Permanente, se ha pronunciado contra la intención de revisar las instrucciones y las sentencias de los jueces y magistrados a través de comisiones parlamentarias, según el acuerdo suscrito por el PSOE y el partido separatista catalán Junts para facilitar la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno.
Por 6 votos a favor, los del presidente interino, Vicente Guilarte, y las vocales Roser Bach y Mar Cabrejas –ambas progresistas–, Ángeles Carmona y Carmen Llombart, y 1 en contra, el de la vocal progresista Pilar Sepúlveda, sus componentes «repudian» el término «lawfare» -judicialización de la política–, contenido en dicho acuerdo, y la intención de crear comisiones parlamentarias de investigación para determinar las «responsabilidades» derivadas de las investigaciones de los juecdes y magistrados sobre elementos separatistas que supuestamente hayan cometido delitos o las consiguientes sentencias dictadas.
«Tal repudio se funda, de manera muy justificada, en la evidencia de que ello implica potencialmente someter a revisión parlamentaria decisiones enmarcadas en la exclusividad del ámbito competencial de nuestros Tribunales que, por otro lado, entendemos se produjeron de forma plenamente acorde con la legalidad entonces enjuiciada. Por todo ello, la iniciativa apuntada implicaría una inadmisible injerencia en la independencia judicial y un flagrante atentado a la separación de poderes. La continuidad de tal iniciativa parlamentaria, de llegar a materializarse, determinaría nuestra más frontal oposición a través de los cauces legalmente establecidos», afirman los miembros de la Comisión Permanente en un comunicado, en la misma línea que lo expresado por las 4 asociaciones de jueces.
«Paralelamente hemos de expresar nuestro apoyo real y no meramente nominal a todos los órganos del Poder Judicial con ocasión de las futuras actuaciones que puedan llevar a cabo en el marco de la legalidad en cada momento, vigente garantía última de los derechos y libertades de todos nuestros ciudadanos”, concluyen.
