“El acuerdo de PSOE-PNV para la investidura de Pedro Sánchez expulsa a la Guardia Civil en el País Vasco”. Así lo denuncia la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC).
“Supone otro despropósito para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en territorio navarro. Provoca el despido de la Guardia Civil y la cesión de sus competencias en este territorio a la Ertzaintza”, critica Juan Fernández Hernández, secretario general de esta organización.
Según expone, la Ertzaintza asumirá como policía integral la responsabilidad policial de los planes de apoyo operativos a las infraestructuras críticas en el Puerto de Bilbao, incluido el mismo puerto y su zona restringida.
Asimismo, señala que en las competencias portuarias se realizarán las modificaciones normativas precisas para que la Ertzaintza forme parte de los equipos de inspección portuaria previstos en la ORDEN PCI/1188/2018, de 15 de noviembre, y en los Comités Consultivos que en materia de protección portuaria se contemplan en el Real Decreto 1617/2007.
La AUGC indica que, además, se dará acceso a la Ertzaintza al sistema Secureport, un programa informático usado por los oficiales de Protección de Infraestructuras Portuarias (OPIP)- y Asistencias Técnicas; tomará presencia en los actos marítimos conmemorativos; y se reformará de manera que la protección ciudadana y civil también corresponderán a la Ertzaintza.
Así como de los delitos e ilícitos administrativos, relacionados con el medio ambiente, acontecidos en Euskadi, según apunta.
Además, afirma que la Ertzaintza tomará posesión en materia de ciberseguridad, cibercrimen y ciberdelincuencia, en colaboración con la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad del Ministerio del Interior, encargada de trasladar la información en esta materia.
Y tendrá acceso al Punto Único de Contacto (SPOC), que aglutina a Sirene, Interpol y Europol y a los expedientes e información de éstos.
LA GUARDIA CIVIL YA ESTABA PERDIENDO SU INFLUENCIA EN CATALUÑA
La AUGC señala que el plan ya empezó en Cataluña con el aumento de la plantilla de los Mossos d´Esquadra, dando lugar al aumento de la partida presupuestaria para esta policía autonómica, mientras que a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado “se les niega” el reconocimiento del complemento de Zona de Especial Singularidad (ZES), y al entregar inmuebles cuya titularidad corresponde al Estado, una cuestión que afectará a edificios de Policía y Guardia Civil”.
“Y esto parece ser tan sólo el principio”, agrega.
Juan Fernández recuerda que la AUGC lleva tiempo denunciando el incumplimiento por parte del Gobierno de la cláusula tercera y octava del acuerdo de equiparación salarial que, precisamente, se refiere al aumento de plantilla para la Guardia Civil y la Policía y aprobar las iniciativas legislativas que sean necesarias para garantizar que en el futuro no se pueda reproducir una disfunción salarial entre las policías que realicen las mismas funciones.
“Es inaceptable este trato discriminatorio y negativo hacia guardias civiles y policías”, critica esta asociación.
Desde la AUGC condenan que «los agentes estén siendo utilizados como moneda de cambio en las negociaciones para formar Gobierno”.
“La Guardia Civil ya estaba perdiendo su influencia y presencia en Cataluña, y ahora lo hará en el País Vasco debido a la continua intención de restar competencias y expulsar a los guardias civiles y policías nacionales de estas comunidades autónomas”, denuncia Juan Fernández.
«NOS APEDREARON EL 1-O Y AHORA NOS APEDREAN INSTITUCIONALMENTE», DECLARAN AUGC Y SUP SOBRE LA LEY DE AMNISTÍA
La AUGC y el Sindicato Unificado de la Policía (SUP) se concentraron ayer frente a la Ciudad de la Justicia de Barcelona para mostrar al Gobierno su oposición al acuerdo alcanzado entre PSOE y los independentistas de ERC y de Junts, que supone la ley de amnistía y la financiación de los Mossos d’Esquadra, y para apoyar a los policías y guardias civiles que “prestaron servicio en uno de los momentos más difíciles para nuestra democracia” y ahora se enfrentan a causas abiertas.
Ayer declararon 13 policías investigados por supuestos maltratos a una manifestante arrestada en octubre de 2019 durante una manifestación contra la sentencia del ‘procés’. La causa la investiga el Juzgado de Instrucción número 30.
Además, hay otros 45 policías investigados por las cargas del 1 de octubre de 2017 en Barcelona, cuando se celebró el referéndum ilegal. Un caso que está en el Juzgado de Instrucción número 7.
«AMNISTÍA PARA LOS VIOLENTOS. NOSOTROS PROCESADOS POR CUMPLIR ÓRDENES», REZABA LA PANCARTA
La movilización ha sido apoyada por PP, Cs y VOX, y ha congregado a unas 50 personas. AUGC y SUP han portado una pancarta que rezaba «Amnistía para los violentos. Nosotros, procesados por cumplir órdenes».
Los asistentes han coreado lemas como «Puigdemont a prisión» y «Criminales amnistiados, policías enjuiciados».
También han participado miembros de las asociaciones España Cívica, Foro Baleares, Sociedad Civil Valenciana, Sociedad Civil Balear y Hermandad Monárquica Nacional.
SUP y AUGC han leído un manifiesto en apoyo de los compañeros encausados y en contra de la Ley de amnistía, que ambas asociaciones califican de «atropello a la Constitución y humillación para los policías y guardias civiles que se entregan al servicio de mantener el orden constitucional dentro y fuera de Cataluña».
«Nos apredrearon el 1-O y ahora nos apedrean institucionalmente», sentencian.
En el manifiesto han defendido su presencia en la zona y han alertado sobre la previsión de la pérdida de atribuciones en la región y la entrega del buque insignia de la Policía Nacional en Cataluña, el edificio de la Jefatura Superior de Via Laietana.
«Somos la Policía y la Guardia Civil de todos los españoles y de todos los catalanes, incluso de los que no nos quieren aquí», han subrayado.
