Vox ha presentado este martes ante el Tribunal Supremo una querella contra Pedro Sánchez, Carles Puigdemont, el PSOE y Junts por la supuesta comisión de los delitos de cohecho, encubrimiento de delitos, usurpación de funciones del Poder Judicial y negociaciones prohibidas a funcionarios públicos, en el marco de las negociaciones para la investidura del candidato socialista.
Como medida cautelar, ha solicitado la suspensión del debate de investidura, previsto para este miércoles y jueves.
Es lo que se denomina apuesta arriesgada, porque supone que el Supremo meta la sexta, nombre un ponente que estudie la querella y se pronuncie a una velocidad que no es la acostumbrada en el Alto Tribunal.
En declaraciones a los medios de comunicación ante el Supremo, el líder de Vox, Santiago Abascal, ha recordado que el propio tribunal y asociaciones de jueces y fiscales han mostrado su oposición a la ley de amnistía a los implicados en el ‘procés’, negociada para amarrar los votos de Junts en la investidura de Sánchez, que ven una «abolición del Estado de Derecho, el principio del fin de la democracia y un ataque a la división de poderes».
Acompañado de dirigentes de Vox, ha hecho hincapié en que su formación «confía» en el Alto Tribunal y el Poder Judicial y en que «utilicen todas las herramientas legales» a su disposición para «detener este golpe».
En cualquier caso, e independientemente del resultado de la querella, Abascal cree que «el golpe» también puede detenerse en el Senado, y ha recordado que su partido ha exigido al PP que utilice su mayoría en la Cámara Alta para paralizar la tramitación de la ley de amnistía. «La responsabilidad es del PP», ha recalcado, admitiendo que «sin ninguna duda» esto desencadenaría un «conflicto institucional».
QUERELLAS CONTRA LAS MESAS DE CONGRESO Y SENADO
Vox ha asegurado en repetidas ocasiones que se querellarán contra los miembros de la mesas del Congreso y Senado si admiten a trámite la ley que regulará la medida de gracia, que beneficiará a los implicados en el ‘procés’ desde 2012.
Por último, ha insistido en la importancia de las movilizaciones que desde hace días se producen ante la sede del PSOE en la madrileña calle de Ferraz. «Son absolutamente necesarias», ha dicho, subrayando que, si Sánchez es investido el jueves, «no tienen que ser 12 días, sino 1.400». «No sólo vamos a negar la legitimidad del gobierno, sino su legalidad», ha advertido.
«Se inicia un período trágico en la historia de España, si no lo evitamos un presidente en funciones absolutamente ávido de poder y sin escrúpulos se dispone a pisotear el Estado de Derecho, acabar con la igualdad de los españoles ante la ley, pisotear la independencia judicial y a llevar a cabo un cambio de régimen por la puerta de atrás», ha zanjado.
