«Silencio estruendoso» en torno a la ley de amnistía de los asistentes a la entrega del premio Pelayo a Pascual Sala
El galardonado, Pascual Sala, con el presidente por sustitución del Consejo General del Poder Judicial, Vicente Guilarte, al que le correspondió entregar el premio. Foto: Confilegal.

«Silencio estruendoso» en torno a la ley de amnistía de los asistentes a la entrega del premio Pelayo a Pascual Sala

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17/11/2023 06:31
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Actualizado: 17/11/2023 09:59
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Todos, salvo Antonio Garrigues, que afirmó que el Estado Derecho no estaba en peligro, evitaron pronunciarse sobre el proyecto de ley de amnistía que ha posibilitado al PSOE investir a su líder, Pedro Sánchez, como nuevo presidente del Gobierno con el apoyo de los 7 diputados del partido separatista Junts, de Carles Puigdemont.

Ni el presidente por sustitución del Tribunal Supremo, Francisco Marín Castán, ni el presidente por sustitución del Consejo General del Poder Judicial, Vicente Guilarte, ni el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ni la presidenta del Consejo de Estado, Magdalena Valerio, ni la presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano, quisieron hacer declaración alguna ante los medios en la puerta del Casino de Madrid, donde se celebró ayer por la tarde la entrega del XXIX premio Pelayo para juristas de reconocido prestigio a Pascual Sala.

Todos lo evitaron. Salvo el ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, que estaba en su salsa.

Hacía apenas unas horas que Pedro Sánchez acababa de revalidarse en un nuevo mandato en la Presidencia del Gobierno en el Congreso de los Diputados, a unos cientos de metros de distancia, por 179 votos a favor y 171 en contra.

Tampoco Pascual Sala, que al respetable le tiene acostumbrado a hacer alguna declaración, quiso mojarse y optó por navegar en aguas profundas, evitando los peligros cerca de la costa.

En el patio de butaca 600 invitados, tres expresidentes del Tribunal Constitucional –Pedro González-Trevijano, Juan José González Rivas y María Emilia Casas (cuatro con el propio Sala)–, numerosos magistrados del Tribunal Supremo, fiscales, abogados, parlamentarios, etcétera, que siguieron con interés el discurso del galardonado.

Y eso que hace unos días, durante su intervención en el ICAM, en el mano a mano que celebró con su compañera en el Constitucional, Encarnación Roca, y el catedrático de derecho penal, Enrique Gimbernat, dejó claro que la ley de amnistía era viable si tenía una finalidad constitucional, esto es, facilitar la convivencia ciudadana.

Pero «si el motivo de la amnistía es conseguir los votos para gobernar sería arbitrario y constitucional«, subrayó.

Pascual Sala
Pascual Sala durante su intervención. En la mesa, Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, Magdalena Valerio, presidenta del Consejo de Estado, Francisco Marín Castán, presidente por sustitución del Tribunal Supremo, Vicente Guilarte, presidente por sustitución del Consejo General del Poder Judicial, Félix Bolaños, ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Enrique Chicano, presidenta del Tribunal de Cuentas, Ángel Gabilondo, defensor del Pueblo, y Francisco Lara Martín, presidente de Pelayo. Foto: Confilegal.

Sala convirtió su discurso de agradecimiento del premio, que le entregó Guilarte –estatuilla y diploma (está dotado con 30.000 euros)–, en un ejercicio de reflexión sobre lo avanzada que fue la Constitución de 1978.

El premiado recordó que la Constitución obliga a «garantizar la convivencia democrática la convivencia democrática dentro de la Constitución y de las leyes conforme a un orden económico y social justo».

Además, puso en valor el hecho de que la Norma Fundamental recoge un «amplísimo conjunto de los derechos y libertades que garantizan un auténtico Estado Democrático de Derecho» que «vincula a todos los poderes públicos». Y recalcó que su tutela se lleva a cabo mediante los recursos de inconstitucionalidad.

Le correspondió al periodista Juan Luis Cebrián la «laudatio» previa de Sala.

Valenciano, nacido en 1935, lo ha sido todo en la judicatura. Fue magistrado del Constitucional entre 2004 y 2013; y se desempeñó como presidente del tribunal desde 2011 y hasta su salida.

Con anterioridad fue magistrado del Supremo. Entre 1990 y 1996 fue presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo. Y antes, entre 1988 y 1990, fue presidente del Tribunal de Cuentas.

Antes de entregar el premio, Guilarte, presidente por sustitución del CGPJ, se disculpó por su falta de «legitimidad» por ostentar el cargo en funciones. El premiado «merece más», dijo.

El presidente del Grupo Pelayo, Francisco Lara Martín, que intervino previamente, convocó la siguiente edición -la trigésima- del Premio Pelayo para juristas de reconocido prestigio.

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