Francisco Javier Lara, decano emérito del Colegio de Málaga: “La abogacía es cobarde”
"Sin abogado no hay justicia, sin justicia no hay estado de derecho no hay democracia. Cumplir con la obligación es ser responsable. Yo fui responsable” afirmó Francisco Javier Lara durante su intervención. Foto: Confilegal.

Francisco Javier Lara, decano emérito del Colegio de Málaga: “La abogacía es cobarde”

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19/11/2023 06:45
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Actualizado: 20/11/2023 11:38
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“Hay que ser autocrítico a la hora de hablar de la dignidad de nuestra profesión. La abogacía es cobarde. Los abogados se refugian en el falso pretexto de que ‘los jueces me van a coger manía’. Reconócelo eres un cobarde”, afirmó este pasado viernes Francisco Javier Lara, decano emérito del Colegio de Abogados de Málaga, ante un nutrido público que se dio cita en el Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM).

Fue en el marco de la reinauguración de la Sección Procesal, que preside Nicolás González-Cuéllar, catedrático de derecho procesal y abogado, y que versó sobre “Dignidad de la Abogacía: Protección de la defensa frente a las instituciones’.

Lara fue extremadamente crítico con sus compañeros: “La abogacía no puede permitir que nos falten al respeto jueces, fiscales, funcionarios, policía… No son todos, es cierto. Pero ocurre con mucha frecuencia. ¿Por qué tenemos que soportar que nos corrijan o. nos levante la voz delante de nuestros clientes? No lo entiendo. El abogado además de ser cobarde es lamentable”.

El decano emérito del Colegio de Málaga comenzó así su intervención en la que relató su caso: una condena de 2.700 euros por un delito de desobediencia por proteger la vida de cuatro compañeros del turno de oficio en un momento, el 6 de mayo de 2020, en el que el COVID se estaba cobrando la vida de miles de personas diariamente y no había remedio alguno.

Condena que le fue impuesta en primera instancia y en apelación ante la sorpresa y la indignación de la mayor parte de los abogados españoles. Una sentencia que finalmente tendrá que resolver el Tribunal Supremo.

La Junta de Gobierno que presidía Lara se negó a enviar a los cuatro abogados a los calabozos ante la posibilidad de que se contagiaran del COVID, poniendo así en riesgo sus vidas.

“No nos damos cuenta del papel fundamental del abogado en el estado de derecho.

Yo formo parte de la justicia. Sin abogado no hay justicia, sin justicia no hay estado de derecho no hay democracia. Cumplir con la obligación es ser responsable. Yo fui responsable” afirmó Lara.

MESA JAVIER LARA
De izquierda a derecha, Francisco Javier Lara, decano emérito del Colegio de Málaga, Ángel Cervantes, decano del Colegio de Toledo, Dolores Fernández, diputada del ICAM, que cerró el evento, Nicolás González-Cuéllar, presidente de la Sección de Derecho Procesal, y Javier Díaz Revoiro, catedrático de Derecho Constitucional. Foto: Confilegal.

EL ORIGEN DE TODO, LA PROPUESTA DE UNA HUELGA DE LA ABOGACÍA

Durante su intervención relató que la raíz de este conflicto estuvo en la idea que el entonces ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, planteó de habilitar 11 días del mes de agosto, inhábiles tradicionalmente.

“Mi Junta de Gobierno acordó pedir al CGAE y al CADECA que convocara una huelga contra esa decisión del Ministerio. Y un magistrado muy peculiar se dedicó a opinar en Facebook sobre nuestra decisión. Y empezó a insultar a nuestra Junta de Gobierno”, prosiguió.

“Le llamé la atención. Le reté a que me dijera cuáles eran los intereses espurios de la Junta. Un montón de juristas entonces empezaron a darle la del pulpo. Su mujer, que también es magistrada de un Juzgado de Instrucción, también entró en la discusión. Y también le dieron la del pulpo”.

Lara contó que desde el comienzo de la pandemia había informado al juez decano de Málaga, José María Páez, que las asistencias del turno de oficio dejaban de ser presenciales y que se harían telemáticamente.

En principio se hicieron desde el colegio y después desde la propia Ciudad de la Justicia de Málaga.

El Real Decreto Ley 16/2020, de 28 de abril, había establecido con toda claridad que la celebración de los actos procesales debían hacerse telemáticamente de todos los intervinientes para garantizar la protección de la salud de las personas y minimizar el riesgo de contagio.

“A los 4 días entró de guardia la mujer del magistrado, con su Juzgado de Instrucción. Dijo que los abogados del turno debían bajar al calabozo para asistir a los detenidos en vez de hacerlo como veníamos haciéndolo. No por valentía sino por responsabilidad le dijimos que el Colegio no iba a mandar a nadie allí abajo”, subrayó.

“Nos pidieron los nombres de los abogados. Contestamos que no dábamos listos. La juez contestó que si no lo hacíamos me imputaría a mí un delito de desobediencia al juez y es lo que pasó”, contó.

“Defendimos la salud de los abogados. Desde el otro lado lo han tomado como un pulso que quieren ganar. Olvidan que la atribución de las guardias del turno de oficio es de abogados y procuradores”, recordó.

Desde el punto de vista de Francisco Javier Lara la abogacía institucional, en su caso, ha adolecido de fortaleza y de determinación.

“Las asociaciones crecen porque el CGAE y los colegios no hacen lo que tienen que hacer. Hace falta una abogacía institucional fuerte, unida, que actúe como ‘lobby’. Hasta los gestores administrativos nos ganan. No basta con salir con un comunicado ‘light’ a destiempo”, aseveró.

“Hay que cambiar este estado de cosas. Tenemos que tener una abogacía fuerte, que no sea tibia en la defensa de sus colegiados sino todo lo contrario”, concluyó.

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“Las asociaciones crecen porque el CGAE y los colegios no hacen lo que tienen que hacer. Hace falta una abogacía institucional fuerte, unida, que actúe como ‘lobby’», dijo Lara durante su intervención.

ÁNGEL CERVANTES: «RECLAMAMOS POCO, PRESENTAMOS POCAS QUEJAS»

Previamente le precedió en el uso de la palabra el decano del Colegio de Abogados de Toledo, Ángel Cervantes, y el catedrático de Derecho de Constitucional, Javier Díaz Revoiro.

Cervantes reconoció que, en ocasiones, los abogados “rayamos la indignidad. Porque no nos defendemos a nosotros mismos”, dijo en la misma línea en la que después se expresó Lara.  

“Reclamamos poco, presentamos pocas quejas. Los compañeros no quieren que le tomen la matrícula. Pues haz la queja ante el Colegio y el colegio lo elevará de forma anónima”, explicó.

“Las quejas hay que hacerlas por escrito. Lo que uno no pone por escrito, no existe. Se han conseguido mejoras con esas quejas. Que no se tolere ninguna falta de respeto, ninguna humillación. Tenéis que exigir respeto. La defensa de la dignidad empieza por uno mismo. Hay que ir al diputado de guardia, al responsable y denunciarlo. Y cuando es algo repetitivo, hay que actuar”, añadió.

Cervantes refirió, además, un rato muy relevante: “el promotor de la Acción Disciplinaria del CGPJ recibió en 2022, por parte de los abogados, 6 quejas contra jueces y magistrados en todo el territorio nacional. ¡Sólo 6 quejas! No era posible”.

“Me asusté de lo poco que nos quejamos. Llegan muchos desde la procura y desde los ciudadanos. Pero muy pocas desde los abogados. Nos quejamos poco. Hay que cambiar el actual estado de cosas si queremos proteger nuestra dignidad. Quejémonos porque las quejas funcionan”, aseguró.

El catedrático de Derecho de Constitucional, Javier Díaz Revoiro, por su parte, recordó que “la dignidad de la abogacía depende de que cumpla la función de defensa”. E hizo especial hincapié en su rol dentro de la Administración de Justicia.

“Sin abogacía no hay estado de derecho. La Constitución solo puede cumplirse con el concurso de la abogacía”, aseguró.

Desde Perú, telemáticamente, César San Martín, presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo del Perú, se expresó en la misma dirección que Díaz Revoiro, ratificando la “absoluta independencia del abogado con respecto a los jueces y a la Administración de Justicia. El abogado colabora con la justicia, se hace cargo de la justicia bajo el cumplimiento de las reglas de la ética profesional. No podría hacerse justicia sin su concurso”.

Gabriel Ludeña, abogado y doctor en derecho en Argentina, miembro de un bufete especializado en derecho tributario y penal, informó de que en su país “hay una ley que obliga a todos los funcionarios a deberle respeto a los abogados”.

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