La junta de magistrados de las secciones civiles de la Audiencia Provincial de Madrid han recordado este martes tras mantener una reunión que el Estado de Derecho exige «el absoluto respeto a la división de poderes» y, por tanto, «a la independencia judicial como garantía de los ciudadanos”.
De modo que consideran que las controversias y conflictos sean resueltos con arreglo a la ley por personas imparciales e independientes “de cualquier presión o injerencia externa”.
Por otro lado, han destacado que el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1996 reconoce “el derecho a todas las personas a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley”.
Algo que ven incompatible con la fiscalización o supervisión de la labor jurisdiccional por otros poderes del Estado.
Por último, han mostrado su apoyo a todos los órganos del Poder Judicial en las actuaciones que puedan llevar a cabo en el marco de la legalidad en cada momento para garantizar los derechos y libertades de los ciudadanos.
