Los fiscales del Supremo critican la pasividad de Álvaro García Ortiz ante las acusaciones de supuesto "lawfare" lanzadas por Junts contra los jueces y por ende los fiscales. Foto: Confilegal.
Dieciocho fiscales del Supremo se revuelven contra el fiscal general por no actuar contra las acusaciones infundadas de los separatistas
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22/11/2023 06:30
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Actualizado: 24/11/2023 09:00
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Dieciocho fiscales de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (TS) han dirigido una carta al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en la que le critican por «ignorar deliberadamente» la petición de «amparo institucional» de los fiscales del ‘procés’ frente a las comisiones de investigación parlamentarias pactadas por PSOE y Junts para detectar supuestos casos de ‘lawfare’.
En la misiva, recogida por Europa Press, los firmantes han expresado su «decepción por la falta de voluntad» del fiscal general de «salir al paso de las injuriosas insinuaciones» sobre la actuación de los fiscales del ‘procés’ que «se han plasmado en el acuerdo de investidura firmado por PSOE y Junts» relativas al denominado «lawfare» -también conocido como ‘guerra judicial’- contra el independentismo catalán.
Fuentes fiscales precisan que la carta ha sido firmada por 18 de los 26 fiscales de la Sala de lo Penal del TS y que no han plasmado su rúbrica los cuatro fiscales del ‘procés’.
Consuelo Madrigal, Javier Zaragoza, Fidel Cadena y Jaime Moreno habían reclamado a García Ortiz que, «en su condición de fiscal general del Estado y presidente del Consejo Fiscal, previa audiencia de este órgano», les concediera «amparo institucional» porque «junto con la concesión de la amnistía, un mecanismo excepcional de gracia que no está contemplado en la Constitución, han pactado la creación de comisiones de investigación en sede parlamentaria con la finalidad de evaluar las actuaciones que hayan realizado o realicen los órganos judiciales y del Ministerio Público».
Según reconocieron los cuatro fiscales del ‘procés’, el contenido de este acuerdo les genera «una especial preocupación», ya que -a su juicio- «conculca el principio de separación de poderes y cercena de raíz la independencia judicial».
En este sentido, los cuatro incidieron en que la revisión de las decisiones jurisdiccionales por otro poder del Estado, en este caso el Legislativo, no era «admisible en un Estado que se proclama democrático y de Derecho». Y advirtieron de que iniciativas como esta claramente demostraban «el intento de establecer un control político sobre el Poder Judicial».
«GRAVÍSIMA SITUACIÓN»
El fiscal general del Estado les respondió en una carta que «cualquier posicionamiento del Ministerio Publico respecto de una futura amnistía» exigía «conocer la definitiva norma que la regule una vez forme parte de nuestro ordenamiento».
Así las cosas, apuntó que dicho posicionamiento, «en todo caso técnico-jurídico», se realizaría «a través de los cauces estatutarios» y en las causas en las que se demande la intervención de la Fiscalía.
García Ortiz insistió en que debía «mantener una posición pública» imparcial pero aseguró que velaría «siempre» por «la autonomía de quienes han ejercido y ejercen como fiscales en defensa de la legalidad, de los valores y principios constitucionales y, en definitiva, de las instituciones democráticas».
Ahora, 18 fiscales de la Sala de lo Penal le han afeado al fiscal general el contenido de su carta. «No ha sido otra cosa que una forma de ignorar deliberadamente la respuesta a la gravísima situación que vive el Ministerio Fiscal y a la demanda de amparo formulada por los fiscales del ‘proces’, para sí y para los fiscales de Cataluña, ante los injustificados ataques a que están siendo sometidos», han asegurado.
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