La asociación mayoritaria de Fiscales, la cual tiene mayoría en el Consejo Fiscal, ha reprochado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, haberse ido a la Fiesta del 25 Aniversario del diario La Razón poco después de conocer la dura sentencia del Tribunal Supremo, anulando el nombramiento de Dolores Delgado, que él propuso, como fiscal de Sala de ese órgano judicial. Por haber incurrido en una «desviación de poder» «visible e innegable», por una parte.
Y por otra, de hacer oídos sordos al escrito que 18 Fiscales del Tribunal Supremo le dirigieron para expresar su decepción por su silencio «frente a las injuriosas insinuaciones que se vienen haciendo a la actuación del Ministerio Fiscal en las causas judiciales seguidas por los graves hechos acontecidos en Cataluña en otoño de 2017 y tras el dictado de la Sentencia del Tribunal Supremo que daba por probados la comisión de delitos de sedición y malversación».
Añaden: «Y es que ahora se extiende el relato de que tales delitos no existieron y para obviar el pronunciamiento de la aludida sentencia se acude al término ‘lawfare’ que ha encontrado cabida en el acuerdo firmado por el PSOE y Junts a fin de posibilitar la investidura como Presidente del Gobierno de España del señor Sánchez», subrayan en un comunicado.
Para culminar afirmando haber perdido «toda esperanza de que el FGE atienda su obligación de velar por la independencia del Poder Judicial y del Ministerio Fiscal integrado con autonomía en aquel y rechace tales alegatos de manera inapelable».
En su reciente Congreso, la AF le pidió al fiscal general del Estado su dimisión por su deficiente gestión del órgano que dirige.
Ayer el Ejecutivo confirmó que García Ortiz continuaría como fiscal general del Estado durante esta legislatura, a pesar del revés sufrido por cuenta del Supremo y la «desviación de poder».
