El Gobierno confirmará en la próxima reunión del Consejo de Ministros, que se celebrará el martes 28 de noviembre, a Álvaro García Ortiz como fiscal general del Estado (FGE) hasta el año 2027, según han informado fuentes gubernamentales.
El Ejecutivo mantiene la confianza en García Ortiz pese al revés que ha supuesto la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo que, un día antes, ha anulado el nombramiento de su antecesora, Dolores Delgado, como fiscal de Sala de lo Militar del Supremo, ordenando retrotraer todo hasta la casilla de salida. Justo al momento en que había que elevar la propuesta al Consejo de Ministros.
Un proceso que el tribunal del caso ha calificado de «desviación de poder».
La desviación de poder consiste en “el ejercicio de potestades administrativas para fines distintos de los fijados por el ordenamiento jurídico”.
La exfiscal general del Estado, que tuvo que abandonar esta responsabilidad debido a problemas de salud, anunció ayer que recurriría en amparo ante el Tribunal Constitucional por considerar que se han vulnerado sus derechos fundamentales ya que lo que hizo García Ortiz fue proponer su nombramiento. Quien lo decidió finalmente fue el Consejo de Ministros.
Este miércoles le han preguntado a la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, si Álvaro García Ortiz sigue teniendo la confianza del Gobierno después de que el TS anulase el nombramiento de Delgado, pero evitó responder señalando que el Ejecutivo respeta todas las decisiones judiciales.
El fiscal Luis Rueda compitió por esta plaza con Delgado.
Sin embargo, la exfiscal general del Estado se hizo con el puesto en la Sala de lo Militar del Supremo tras un Pleno celebrado en septiembre de 2022 donde la mayoría del Consejo Fiscal apoyó a Rueda, fiscal especialista en lo militar.
Con esta propuesta de nombramiento, ratificada posteriormente por el Gobierno, la otrora jefa del Ministerio Público y exministra de Justicia ascendió a la máxima categoría de la Carrera Fiscal: fiscal de sala.
