Los futuros efectos del proyecto de ley de amnistía han extendido una profunda preocupación entre 25 Organizaciones No Gubernamentales (ONG) por sus efectos. Porque promueven la impunidad de los delitos de odio por motivación discriminatoria. Específicamente dos; el de la ideología y el de la nación a la que se pertenezca.
Lo que generará una impunidad que durará 10 años.
Las consecuencias serán “graves” para “la protección de derechos de numerosas personas y colectivos víctimas de esta intolerancia por su ideología constitucionalista o por hispanofobia e imposibilitando que obtengan justicia y reparación por el daño recibido”.
CARTA ABIERTA AL GOBIERNO
En su campaña, realizada en formato de carta abierta al Gobierno, las 25 ONG hacen un llamamiento para que se “evite todo tipo de acuerdo que se sitúe en la discriminación, protegiendo la igualdad ante la ley y de trato de la ciudadanía”.
En especial frente a cláusulas de excepcionalidad que quiebren los principios constitucionales de solidaridad e igualdad recogidos en nuestra Carta Magna.
En su primer punto dicen, de forma tajante: «Eviten toda impunidad de delitos de odio por motivación discriminatoria, plasmada en el artículo 2. f. de la propuesta Ley de Amnistía sobre la exclusión por delitos no afectados en la misma, donde se incluyen como amnistiados dos motivos discriminatorios referidos en la Ley Orgánica del Código Penal».
Añaden: «Y son la ‘ideología‘ y la ‘nación a la que pertenezca‘, generando impunidad durante un período de más de 10 años, con graves consecuencias para la protección de derechos de numerosas personas y colectivos víctimas de esta intolerancia por su ideología constitucionalista o por hispanofobia e imposibilitando que obtengan justicia y reparación por el daño recibido«.
Hacen mención, asimismo, de forma especial, a una financiación autonómica desigual “que no trate a todos los españoles de igual manera, con independencia del lugar de España donde hayan nacido”.
También hacen otro llamamiento para que también «eviten todo tipo de acuerdo que cuestione los principios y valores de la Constitución española y la legalidad democrática”.
De forma especial los derechos, las libertades y deberes fundamentales “que garantizan la convivencia democrática y protegen a todos los ciudadanos/as y a los pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos”.
“Desde la confianza en el conjunto de nuestras instituciones democráticas, quedamos a la espera de que el Gobierno confirme que nuestras inquietudes pueden quedar tranquilizadas por el cumplimiento de estos principios solidarios, ético-cívicos y constitucionales. Mientras tanto seguimos sumando apoyos a esta petición”, concluyen.
LAS 25 ONG
Suscriben esta campaña el Consejo de Víctimas de Delitos de Odio y Discriminación (COVIDOD), el Movimiento contra la Intolerancia, Impulso Ciudadano, la Asamblea por una Escuela Bilingüe, la Asociación de Apoyo a Víctimas de Delitos (ANVDV), la Coordinadora Iberoamericana contra el Racismo, Antisemitismo e Intolerancia, la Plataforma Ayuda a Venezuela, la Asociación Española Venezolana por la Democracia (Aseved), la Asociación de Refugiados e Inmigrantes (ARI-PERU), la Asociación AFROHISPANOS, la Asociación Internacional Mundo Solidario (ASIM), la Asociación de Solidaridad con Venezuela de Canarias, Ahora Solidaridad Venezuela, la Asociación de Amig@s de Bolivia (Amibol), la Asociación de Mexicanos de Castilla y León, la Asociación de Venezolanos en Castellón, Amigos de Venezuela en Vigo, Coordinadora contra el Machismo y la Misoginia, la Plataforma contra la Discriminación por Edad, la Asociación PRODES. Voluntariado, la Asociación Española TRANSEXUALIA, Roja Directa Andalucía LGTBI, la Asociación LIBERTAD SIN IRA, la Plataforma contra el Antisemitismoy la Red Europea contra los Crímenes de Odio.
