El caso de Iliass Tahiri, un joven marroquí de 18 años fallecido en circunstancias controvertidas en el Centro de Internamiento de Menores «Tierra de Oria», de Almería, ha llegado a los tribunales, con la acusación contra los vigilantes de seguridad por un supuesto delito de homicidio por imprudencia grave.
El trágico suceso ocurrió el 1 de julio de 2019, pero la lucha legal de su familia, asistida por el Movimiento contra la Intolerancia, ha mantenido vivo el caso.
Ángel Gómez San José, abogado de Movimiento contra la Intolerancia, ejerciendo la acusación particular, ha solicitado 4 años de prisión para los cuatro acusados, incluyendo al coordinador de seguridad, por un delito de homicidio imprudente. También pide que se les aplique inhabilitación especial para ejercer cualquier profesión relacionada.
De acuerdo con el abogado, los vigilantes de seguridad contratados por GINSO, que dispone de un contrato con la Junta de Andalucía, inmovilizaron a Iliass Tahiri sin que se pueda acreditar que hubiera existido previamente una especial situación de tensión por parte del fallecido.
Además, el joven recibió medicación fuera de su tratamiento habitual, lo que pudo contribuir a su estado crítico, cosa que pudo haber influido en el incidente durante el cual fue esposado.
En su escrito de acusación, Gómez San José relata que los vigilantes de seguridad, sin cruzar una palabra con el joven y sin tratar de calmarlo, llevaron a cabo una inmovilización violenta. Consistió en aplicar una medida de contención mecánica prolongada. Durante la misma se vulneraron todos los protocolos al respecto, afirma el abogado. Porque colocaron boca abajo al joven, con la cara sobre una almohada, a sabiendas de su actuación.
De acuerdo con la tesis de la acusación, los protocolos de contención física fueron gravemente violados. Porque la posición en la que colocaron a Tahiri restringieron severamente su respiración. Las vías respiratorias quedaron taponadas, lo que se hizo sin ningún tipo de supervisión médica.
El joven falleció minutos después.
La familia de Tahiri, devastada, trasladó su residencia a Madrid poco después del incidente para buscar apoyo y justicia.
El presidente del Movimiento contra la Intolerancia, Esteban Ibarra, y su gente han organizado concentraciones y actos públicos en solidaridad con la víctima. A pesar de los múltiples archivos del caso, la persistencia de la acusación ha conseguido llevar a los responsables ante la justicia.
La fiscalía todavía tiene que emitir sus conclusiones en un caso que ha generado una considerable atención mediática y social, destacando la necesidad de un escrutinio más riguroso en las prácticas de los centros de internamiento de menores.
