El triministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, parece determinado a coger el primero de los toros importantes que tiene ante sí directamente por los cuernos: la negociación con los cuatro sindicatos de justicia.
Después de que el Ministerio de Hacienda y Función Pública, junto con el Ministerio de Justicia, cerraran los correspondientes acuerdos con los letrados de la Administración de Justicia, primero, tras una huelga que afectó gravemente a abogados y procuradores, y después con jueces y fiscales, ahora le llega el turno a las formaciones sindicales que representan a 45.000 trabajadores del sector.
El modo de comenzar va a ser diferente. El primer encuentro, previsto para este miércoles, no va a ser entre el secretario de Estado, Manuel Olmedo, y el bloque de cuatro sindicatos, como en el pasado reciente, sino que se va a reunir primero con la Unión General de Trabajadores (UGT), a las 9.30 horas. Después con la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) a las 10.30 horas.
El tercero será el Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ), a las 12.00 horas; y Comisiones Obreras (CCOO), a las 13.00 horas.
La idea es escuchar a cada uno de ellos sobre los objetivos que persiguen cada uno de ellos. Objetivos que, por otra parte, son comunes, por lo que Olmedo, con toda seguridad no encontrará grandes diferencias.
LOS SINDICATOS PIDEN SUBIDA DE HASTA 430 EUROS
Los sindicatos reclaman una subida de hasta 430 euros al mes -similar a la pactada por el resto de cuerpos de la Administración-, que se inicien las negociaciones de las futuras leyes de eficiencia que fueron decaídas por la convocatoria anticipada de elecciones generales, y el «desbloqueo y desarrollo inmediato de la carrera profesional».
Los sindicatos convocaron paros parciales en abril y luego subieron la presión con paros totales y jornadas de huelga, así como con concentraciones y manifestaciones a las puertas del Ministerio y de la sede del PSOE en la madrileña calle de Ferraz.
La subida que reclaman los sindicatos para todos los trabajadores del sector supondría en torno a los 200 millones de euros. Un incremento que supera, por su número, los 46,7 millones de euros que supuso la subida para los 5.500 jueces y 2.500 fiscales y de los 22,7 millones de euros destinados a los 4.500 letrados judiciales.
