La Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Granada (ICAGR) se ha pronunciado en contra de la decisión adoptada por el Tribunal de Justicia de Andalucía (TSJA) de trasladar las competencias de violencia de género del Juzgado de Santa Fe, localidad a 11 kilómetros al oeste de Granada capital, para «mejorar la atención» de las mujeres que sufren esta lacra social.
No solo está en desacuerdo de que se eliminen dichas competencias a partir del 1 de enero de 2024 sino que ha mostrado su profunda preocupación porque considera que esta medida va a ralentizar aún más los procedimientos de violencia de género.
“Es conocida la carga de trabajo que ya soportan los Juzgados de Violencia contra la Mujer de Granada, con jornadas extenuantes tanto para los operadores jurídicos, como para las víctimas que deben soportar esa doble victimización con esperas innecesarias”, ha recordado la Junta de Gobierno del ICAGR.
De igual forma, para los detenidos la ralentización de los procesos supone que deben pasar más horas privados de libertad o la espera de juicio por el retraso de los trámites.
Además, en muchas ocasiones, la lentitud en este tipo de procedimientos no solo perjudican a víctimas y verdugos, sino también a sus hijos menores, ha apuntado la organización colegial.
Esta medida aumentará la carga de trabajo de cada juzgado en más de un 33% a las ya 1.600 anotaciones de registro por año. Esto supondrá también un retraso y un déficit del servicio que los letrados prestarán a ambas partes.
El presidente del TSJA, Lorenzo del Río, ha argumentado, para explicar esta decisión, que no se trata de suprimir este juzgado en absoluto y que la decisión ha sido muy meditada tras varios años estudiando la situación de la violencia sobre la mujer.
Desde el TSJA se considera que es necesaria una «mayor especialización y unos recursos unificados».
Del Río ha recordado que ha sido pensada en aquellas poblaciones y partidos judiciales que están «muy cerca entre sí», como es el caso. Santa Fe y Granada están a muy poca distancia. Lo que posibilita «ajustar» los Juzgados de Violencia de Género y centrarlos en exclusiva en la capital, evitando así «enormes problemas de guardias y que las víctimas no tengan la misma asistencia».
