Lleva por título Real Decreto-ley (RDL) de medidas urgentes para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en materia de servicio público de Justicia, función pública, régimen local y mecenazgo. Pero lo importante es que facilita la negociación con los sindicatos de Justicia.
Son dos normas que fueron tramitadas en la anterior legislatura y que decayeron como consecuencia de la convocatoria de las elecciones generales del pasado 23 de julio, esenciales para la negociación con los sindicatos. Se trata de los proyectos de ley de medidas de eficiencia digital, por una parte, y, por otra, de medidas de eficiencia procesal.
“Las medidas se articulan en dos grandes bloques: el primero de ellos tiene como objetivo adaptar la realidad judicial española al marco tecnológico y digital actual; y el segundo bloque está orientado a la eficiencia procesal, con el objetivo de garantizar procedimientos más ágiles y de hacer frente al incremento de la litigiosidad”, ha explicado el tetraministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.
La entrada en vigor de lo que hoy han sido dos proyectos de ley –vitales para la modernización de esta Administración con el programa Justicia 2030– facilita la negociación que está a punto de emprender este tetraministerio y el Ministerio de Hacienda y Función Pública, al final, con los cuatro sindicatos de Justicia: CSIF, STAJ, CCOO y UGT.
Porque puede justificar las subidas que se vienen reclamando desde el lado sindical que, hasta ahora, ha estado a la espera del aterrizaje del nuevo ministro, Félix Bolaños.
EL SECRETARIO DE ESTADO SE REÚNE MAÑANA CON LOS 4 SINDICATOS DE JUSTICIA
Mañana, precisamente, el secretario de Estado, Manuel Olmedo, tiene previsto reunirse, a lo largo de toda la mañana y de forma separada, con los representantes de las cuatro organizaciones sindicales.
El hecho de que se haya aprobado apenas 24 horas antes de que se celebren dichas reuniones es una clara señal para “navegantes”; un signo de disposición a la negociación y de voluntad de evitar una huelga.
Al sector Justicia debe regresar la paz, por lo que a los funcionarios se refiere, si bien quedaría abierto otro frente por cerrar: el de la huelga de los abogados del turno de oficio.
Sin este Real Decreto Ley, y con la puerta que ahora abre, la negociación para las subidas salariales, que vienen reivindicando desde la pasada primavera para los 45.000 funcionarios de este sector, se hacía harto imposible.
