El Consejo de Ministros aprobó el 15 de diciembre de 2020 el Anteproyecto de Ley de Medidas de Eficiencia Procesal del Servicio Público de Justicia. Uno de sus principales objetivos en el orden civil es impulsar la utilización de medios alternativos de resolución de conflictos. Otro de esos objetivos, y que pretende ser impulsado por el anterior, es la descongestión de la Administración de la Justicia e intentar disuadir los efectos que la actual crisis sanitaria genere en el futuro como incremento de la litigiosidad.
Para conseguirlos, el Anteproyecto introduce novedades legislativas segmentadas en tres Títulos:
