El borrador de anteproyecto de ley de eficiencia procesal contendrá medidas de agilización, tecnológicas (cita previa y la videoidentificación) y de medios alternativos de solución de conflictos.
Así se lo explicó ayer Borja Vargues, secretario general para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia, vía telemática, a los máximos representantes de las 4 asociaciones de jueces y de las 3 asociaciones de fiscales: La Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Juezas y Jueces para la Democracia y Foro Judicial Independiente, por las primeras, y la Asociación de Fiscales, la Unión Progresista de Fiscales y la Asociación Profesional Independiente de Fiscales, por los segundos.
Todas ellas formarán grupos de trabajo para aportar ideas sobre la base del borrador de anteproyecto.
Vargues informó, asimismo, que es inminente la aprobación de una Orden Ministerial para activar, el próximo 9 de junio, la Fase 3 del Plan de Desescalada para la Administración de Justicia ante el COVID-19.
Dicha orden contemplará cuatro puntos:
1.- LA INCORPORACIÓN DEL CIENTO POR CIENTO DE LAS PLANTILLAS
En sus respectivos centros de trabajo, garantizando, en todo caso, las adecuadas medidas de seguridad. El Ministerio de Justicia, dentro de sus competencias, garantizará la adecuada protección de todo el personal (con EPIs y pantallas de protección), profesionales y del público en general en las sedes judiciales y fiscalías. En los edificios se limitarán los aforos de público.
2.- SE ACABAN LOS PERMISOS DE LOS FUNCIONARIOS A PARTIR DEL 21 DE JUNIO
Los funcionarios que actualmente se encuentren de permiso por deber inexcusable, mantengan su vigencia en la nueva fase 3, pero extinguiendo sus efectos el 21 de junio de 2020 con el fin del estado de alarma.
3.- REGULACIÓN DEL TELETRABAJO
Se regulará de forma específica el teletrabajo. Serán los responsables de cada unidad, con criterios de atención a las necesidades de servicio los que determinen, en el caso de existir medios, qué funcionarios (en un horquilla entre el 30 y 40 por 100 y con obligación de asistir dos días al Juzgado) pueden teletrabajar.
4.- LOS AFECTADOS POR COVID-19 NO PUEDEN SER LLAMADOS A TRABAJAR, PERO SÍ PODRÁN TELETRABAJAR
No podrá ser llamado a prestar servicios de forma presencial el personal que tenga reconocidos permisos por patologías susceptibles de agravarse por efecto de la exposición la COVID-19, en tanto no se verifique por la autoridad competente en qué condiciones puede prestar servicio presencial en situación de seguridad.
Estos funcionarios, siempre que existan medios materiales para ello, prestarán sus servicios en la modalidad de teletrabajo, en su horario habitual.
La duración de las excepciones de estos trabajadores de especial sensibilidad está vinculada a la evolución de la pandemia y a lo dispuesto por las autoridades sanitarias. La cobertura de esas plazas será a través de la redistribución de efectivos.
VACACIONES
Durante la reunión, a los representantes asociativos se les ha indicado que se van a regular las vacaciones de los funcionarios de este verano con el fin de que se concentre su disfrute en el mes de agosto y que julio y septiembre sean de plena operatividad.
Inevitablemente, durante la reunión emergió la cuestión de los tests y específicamente, de las posibles pruebas a los miembros del Ministerio Fiscal.
A día de hoy, sólo el Consejo General del Poder Judicial ha anunciado que haría pruebas de detección del COVID-19 a su plantilla de 5.500 jueces y magistrados.
En la Comunidad de Madrid, por otra parte, el Ministerio de Sanidad está haciendo esas mismas pruebas a los 9.500 funcionarios de la Administración de Justicia prestacional, entre los que se encuentran fiscales, letrados de la Administración de Justicia y demás funcionarios, dentro de un estudio epidemiológico de índole nacional.
El secretario general dejó claro que, por lo que a su territorio corresponde –las Comunidades Autónomas de Extremadura, Castilla-La Mancha, Castilla-León, Murcia, Islas Baleares, las dos ciudades autónomas de Ceuta y Melilla y los órganos centrales (Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo y Audiencia Nacional)– no tenía previsto realizarlos por el momento por no estar prescrito por las autoridades sanitarias.
PLAN DE CHOQUE DE CARA A SEPTIEMBRE
Vargues, por otra parte, explicó que se está preparando, en coordinación con el Consejo General del Poder Judicial, un plan de choque para reforzar la actividad judicial a partir de septiembre tras su parón por la pandemia.
En concreto, se crearán juzgados temporales (en particular, en el orden social, mercantil y contencioso-administrativo) que atenderán las causas relacionadas con el coronavirus.
Las asociaciones solicitaron la urgente derogación del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por la inseguridad jurídica generada por el cómputo de los plazos del citado precepto.
El secretario general reconoció la necesidad y urgencia de la derogación e informó que es un asunto que se está abordando y que ha sido planteado por la fiscal general del Estado.
