Javier Jordán de Urríes Sagarna analiza en Confilegal las reformas de la justicia con motivo de la apertura del nuevo año judicial, y exige al Gobierno que se siente a negociar con los sindicatos.
Javier Jordán de Urríes (CSIF) destaca que ‘hay más problemas aparte del CGPJ: Faltan medios personales, materiales y organizativos’
El presidente de CSIF Justicia denuncia la "falta de diálogo real y efectivo" del Ministerio en las leyes de eficiencia, procesal, organizativa y digital y en la del Registro Civil
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12/9/2022 10:58
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Actualizado: 12/9/2022 11:16
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«Un nuevo año judicial y volvemos otra vez a escuchar el mismo discurso. Parece como si los problemas de la justicia se redujeran a uno sólo: el nombramiento de vocales del CGPJ. Y no es así». Así lo manifiesta a Confilegal el presidente de CSIF Justicia, Javier Jordán de Urríes Sagarna, y pone el foco en que los problemas «de falta de medios personales, materiales y organizativos siguen existiendo».
Y los analiza en este diario.
Jordán de Urríes apunta que el debate sobre la independencia de la Justicia sólo existe cuando en los procedimientos judiciales se ven implicados políticos o personas cercanas a la política, «lo que representa menos de un 1% de los cientos de miles de asuntos que se ventilan anualmente en los Juzgados y Tribunales de nuestro país». Sin embargo, hace hincapié en que «la Administración de Justicia, como la Administración pública en general», sufre un «grave riesgo» de envejecimiento y de falta de medios personales y materiales «para acabar con el olvido presupuestario al que se le ha sometido desde hace años».
Ya en octubre de 2020, CSIF reclamaba, tras un estudio llevado a cabo por el sindicato, la creación de 19.992 puestos de trabajo adicionales de todos los Cuerpos: jueces, fiscales, letrados de la administración de justicia, gestores, tramitadores, auxilio judicial, médicos forenses, y en el el Instituto Nacional de Toxicología, facultativos, técnicos de laboratorio y ayudantes.
Además, reivindica que también hace falta personal en los órganos gestores: Ministerio y las 11 Comunidades Autónomas con competencias traspasadas: Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Navarra, La Rioja, Aragón, Cataluña, Comunidad Valenciana, Comunidad de Madrid, Andalucía y Canarias.
CSIF destaca que la lentitud de la Justicia se debe a muchas razones. «Para empezar, la Justicia tiene sus tiempos y el sistema de garantías que nos hemos dado los españoles exige el cumplimiento de unos requisitos y unos plazos que no siempre dependen del Juzgado. Pero también existen graves carencias de medios», manifiesta.
Un motivo por el que el sector de Justicia de CSIF se movilizará, junto al resto del sindicato el próximo 24 de septiembre -sábado- en una manifestación en Madrid, abierta a toda la ciudadanía, «para pedir más y mejores medios, servicios públicos de calidad y contra el empobrecimiento social en nuestro país en estos momentos de crisis».
«Una vez más, reiteramos nuestra convicción de la necesidad de reformar y modernizar la Administración de Justicia, pero también reclamamos que el personal participe de forma real y efectiva de ese cambio», reclama Jordán de Urríes, quien denuncia «lamentablemente, hasta la fecha no ha sido ni es así».
«La reforma de la Justicia se planteó desde el principio como un ‘proyecto país’ o un ‘proyecto del sector Justicia’, pero no se ha hecho prácticamente nada para conseguir el consenso de los empleados públicos de la Administración de Justicia», critica.
El presidente de CSIF Justicia recuerda que todo proceso de reforma implica una serie de cambios que precisan de la adaptación del personal que presta sus servicios en la Administración afectada, y que esta reforma en cuestión supone «cambios en los destinos, en las funciones y en las tareas y procedimientos, que exigen un análisis de los perfiles profesionales, las capacidades y habilidades del personal de Justicia para aprovechar el potencial profesional de estos recursos humanos, que es mucho».
Por este motivo, manifiesta que «la reforma de la Justicia puede y debe suponer una oportunidad de mejora en las condiciones laborales y retributivas, así como de promoción profesional de su personal». «Esta oportunidad y estas mejoras deben formar parte del nuevo modelo que se pretende implantar», reivindica Jordán de Urríes.
Añade que tras un proceso preparatorio «largo» en el Ministerio de Justicia, «que ha durado tres años y con dos ministros», las leyes de eficiencia, procesal, organizativa y digital están tramitándose ahora en el Congreso de los Diputados, y que están en fase de presentación de enmiendas de los grupos parlamentarios. Y denuncia que estos proyectos de ley han llegado a la Cámara Baja «sin el consenso de los sindicatos». Y ello, a su juicio, «por un solo motivo: El Ministerio no ha hecho el más mínimo esfuerzo por acercar posturas e intentar que esos proyectos de ley llegaran a la carrera de San Gerónimo con un mínimo consenso social».
«Poco margen queda, salvo la negociación con los grupos parlamentarios que CSIF ya ha planteado», agrega.
El presidente de CSIF Justicia afirma que «con la mirada en el final de legislatura, el Ministerio y el Gobierno están empeñados en sacar sí o sí estos proyectos de ley, como hizo con la Ley del Registro Civil«, de la que, según denuncia, «los sindicatos ni nadie conoce su reglamento y cuya implantación se está haciendo de espaldas a los trabajadores».
LAS PROPUESTAS DE CSIF
Jordán de Urríes recuerda que CSIF ha planteado en varias ocasiones propuestas de mejora de la Justicia, que empiezan por «una reforma interna de las oficinas judiciales, la redistribución de funciones y responsabilidades, la implantación de la carrera profesional, así como oportunidades de promoción y especialización para el personal de Justicia».
«No negamos la posibilidad del cambio externo de la Justicia que se está planteando a través de la implantación de los tribunales de instancia, pero creemos que es más importante la reforma interna, que, además, se podría hacer a la vez que la otra», indica.
CSIF también reitera sus «propuestas para aprovechar al máximo el potencial profesional, y los conocimientos, la experiencia, habilidades y capacidades del personal de Justicia existente antes que externalizar servicios». «Puestos a establecer un sistema de mediación, que en todo caso debería ser voluntario, CSIF propone un sistema de mediación pública y gratuita para todos los ciudadanos, a través de la formación y especialización del personal», expone.
‘DE NO RECTIFICAR SU CONDUCTA CON LOS SINDICATOS, SE VISLUMBRA UN OTOÑO CALIENTE’
Según asegura, de todas estas propuestas, el Ministerio «no ha dicho nada». «Sigue con sus planes de implantación de la nueva oficina sin responder a las propuestas de este sindicato, ocultando información que sí facilita a otros actores de la reforma o facilitando la misma con cuentagotas, tarde y de forma parcial», manifiesta.
Preguntado al respecto, detalla que «las Comunidades Autonómas disponen de documentación relativa a los tribunales de instancia o del Registro Civil, que el Ministerio no ha facilitado hasta finales de junio y principios de julio a los sindicatos, ocultando parte de esa documentación».
Ante esta situación, advierte al Ministerio que «de no rectificar su conducta respecto de los sindicatos, se vislumbra un otoño caliente, con movilizaciones».
«CSIF ha demostrado que es un sindicato negociador», y subraya que la negociación es el camino para conseguir cambios perdurables en el tiempo.
Recuerda que en esta legislatura, con la firma del acuerdo retributivo de diciembre de 2021 se abría la puerta a negociar muchos de los temas que genéricamente ha expuesto en esta información. «Una oportunidad que, por el momento, parece perdida», lamenta este sindicato.
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