La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) denuncia que los royectos de ley de Eficiencia -organizativa y procesal- que se están tramitando en el Congreso de los Diputados, «abren la vía de la privatización de la Justicia al exigir una mediación al ciudadano, que debe sufragar de su bolsillo, como requisito previo para que se admita su demanda».
Además, advierte de que esta mediación «se pone en manos de personas ajenas a la Administración, es decir, profesionales liberales y despachos de abogados», puesto que CSIF aboga porque «la Justicia sea un servicio público y prestado por los funcionarios».
«CSIF no apoya los textos de las leyes de Eficiencia que el Gobierno ha remitido al Congreso y así se lo hemos hecho saber a los grupos parlamentarios», ha declarado a Confilegal el presidente de CSIF Justicia, Javier Jordán de Urríes Sagarna.
«Para CSIF es inaceptable que se pisotee el derecho fundamental de negociación colectiva y libertad sindical y, además, como ya hemos advertido en varias ocasiones, cualquier reforma de la Justicia debe contar con la participación real y efectiva de quienes tienen que llevar a cabo esos cambios en el diseño e implantación de la Oficina Judicial», concluye.
Este sindicato, presidido por Miguel Borra, señala que «los actuales proyectos de ley contemplan la creación dentro de la oficina judicial de un servicio para apoyar la entrada de estos agentes externos en la aplicación de un servicio público, como es la administración de Justicia». «Esta circunstancia incrementa los trámites y la burocracia para los ciudadanos en el ejercicio del derecho fundamental a obtener una resolución judicial definitiva», asegura este sindicato.
«La Ley de Eficiencia Procesal establece como obligatorio la realización de un acto de mediación con carácter previo a presentar la demanda sin el cual ésta no se admite», aclara.
Frente a este escenario, CSIF plantea la creación de un sistema de mediación público y que al mismo tiempo, «permita desarrollar al personal de Justicia -como letrados y gestores- una carrera profesional en estos momentos de cambio, y asumir un servicio como ya existe en el ámbito judicial de lo social».
«La eficiencia y sostenibilidad de un servicio público se garantiza aprovechando al máximo el potencial de la plantilla, en vez de buscar soluciones fuera y privatizando ese servicio público», subraya.
INFORMACIÓN ‘OCULTA’ Y ‘FUERA DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA’
Por otra parte, CSIF denuncia que el Gobierno ha «ocultado» a las organizaciones sindicales documentación complementaria, como los modelos de referencia de la oficina judicial y las relaciones de puestos de trabajo, aspectos que acordaron ayer el Ministerio de Justicia con las Comunidades Autónomas en una reunión celebrada en Toledo.
CSIF considera que «se impone así un esquema de servicios, funciones y tareas que afectan a las retribuciones y jornada del personal de Justicia, creando una gran incertidumbre entre el personal en los concursos de traslado y atribución de funciones».
Y recuerda que todas estas materias son objeto de negociación colectiva según el Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP), por lo que sostiene que la futura ley “responde al más puro despotismo ilustrado, donde el Ministerio de Justicia y las CC. AA. imponen de forma autoritaria un modelo que afecta a las condiciones de trabajo”.
Ante esta situación, advierte de «un otoño caliente” en la Administración de Justicia «si el Gobierno sigue rehuyendo la negociación colectiva, como sucedió en diciembre de 2018 por una situación similar sobre los destinos, y CSIF convocó entonces una jornada de huelga y una gran manifestación en Madrid».
