El Consejo Fiscal ha acordado este miércoles por unanimidad amparar a los fiscales del ‘procés’ frente a las acusaciones por supuesto ‘lawfare’, si bien los vocales de la Asociación de Fiscales (AF), a petición de los cuales se ha debatido este asunto en el Pleno, creen que la declaración aprobada es insuficiente, por lo que no la firmarán.
Todos los miembros del órgano consultivo –tanto conservadores como progresistas– han estado de acuerdo en conceder el amparo conforme al artículo 118 del Reglamento del Ministerio Fiscal, según el cual todo fiscal tiene derecho a «acudir en amparo al Consejo Fiscal cuando se considere inquietado o perturbado en el ejercicio de sus funciones».
Sin embargo, los seis vocales de la AF consideran que la declaración aprobada es insuficiente, sobre todo a la luz de los pronunciamientos realizados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) respecto a los jueces y magistrados.
El Consejo Fiscal ha analizado la solicitud formulada por los vocales de la AF –la mayoritaria en la carrera fiscal–, a la que se sumó después el vocal de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF).
Los vocales proponían la «aprobación del expreso amparo, reconocimiento y respaldo del Consejo Fiscal a la actuación de los miembros de la Fiscalía en todos los procedimientos vinculados o derivados del denominado ‘procés’, realizadas sin excepción conforme a la legalidad vigente y sin que quepa admitir en ellas desviación alguna por motivación política».
En su escrito, al que tuvo acceso esta agencia de noticias, los seis vocales de la AF señalaban que, «con ocasión de la publicación del acuerdo suscrito entre el PSOE y Junts (…), se ha puesto en entredicho la adecuación a los principios constitucionales de los fiscales que han intervenido y aún siguen interviniendo en los procesos judiciales afectados por tal proposición».
COMISIONES DE INVESTIGACIÓN ANTI-‘LAWFARE’
Se referían así a la parte del acuerdo que habla de crear comisiones de investigación parlamentarias para detectar posibles casos de ‘lawfare’ y depurar las responsabilidades correspondientes, lo que abre la puerta a sancionar a los jueces y fiscales que encausaron el ‘procés’.
A raíz del acuerdo PSOE-Junts, los fiscales del ‘procés’ –Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal, Fidel Cadena y Jaime Moreno– enviaron una carta a García Ortiz pidiéndole «amparo institucional», si bien el jefe del Ministerio Público se limitó a contestarles que «siempre» defendería la «autonomía» de éstos y otros fiscales.
En respuesta, 18 de los 26 fiscales del Tribunal Supremo dirigieron su propia misiva a García Ortiz reprochándole que ignorara «deliberadamente» la petición de sus cuatro compañeros «ante los injustificados ataques a que están siendo sometidos».
Posteriormente, 22 de los 29 fiscales de Anticorrupción manifestaron su «profunda preocupación por la vigencia del Estado de Derecho», mostrando su apoyo a los fiscales del ‘procés’ en su petición de «amparo institucional».
En este contexto, García Ortiz aseguró, durante unas jornadas de fiscales de derecho civil en Córdoba, que todos los fiscales de España pueden estar «tranquilos» porque «siempre» actuará «en defensa de la carrera».
