los vocales de la Asociación de Fiscales (AF), la mayoritaria en la carrera fiscal, en el Consejo Fiscal están en total desacuerdo con el veto establecido por el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, para que dicho Consejo Fiscal no pueda entrar a estudiar e informar la proposición de ley de amnistía bajo la argumentación de que queda fuera de sus competencias, bajo el paraguas del artículo 14.4 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.
De acuerdo con García Ortiz, dicho pronunciamiento significaría intervenir «en un debate político», además de condicionar a futuro «la posición de la Fiscalía» si se aprueba la ley tanto en las cuestiones que se susciten sobre ella como en las intervenciones para su aplicación.
Para los vocales de la AF el hecho de que para la tramitación de la ley se haya elegido la vía de la proposición de ley denota la intención de evitar tanto el informe técnico preceptivo del Consejo Fiscal como los del Consejo General del Poder Judicial y del Consejo de Estado para facilitar su aprobación y beneficiar tanto a los condenados por el «juicio del procés» como a los acusados en otras causas como a los prófugos en el extranjero.
«Como ya recogimos en la petición, la fórmula de tramitación elegida por los impulsores de esta proposición de Ley Orgánica precisamente eso lo que busca: que la misma no quede expuesta al preceptivo informe del Consejo Fiscal (además de a los informes del CGPJ y del Consejo de Estado) pese a la flagrante quiebra de la separación de poderes que subyace en ella al relegar el Poder Judicial, en que el Ministerio Fiscal se encuentra integrado con autonomía funcional, impidiendo que cumpla sus funciones constitucionales por la necesidad del ejecutivo y la conveniencia de los principales beneficiados por la amnistía», dicen los vocales de la AF en un comunicado.
Lo que lamentan.
