«Queremos que el registro de algoritmos sea una realidad a lo largo de 2024. Contamos, para ello, con la colaboración estrecha tanto de la Universitat de Valéncia como de la Universidad Politécnica. Es una obligación legal que tenemos que cumplir desde que entró en vigor, el pasado mes de abrilm la ley autonómica 1/2022 de Transparencia y Buen Gobierno», explica José Tárrega Cervera, director general de Transparencia de la Generalitat valenciana.
La Universitat de València trabaja sobre el soporte jurídico y la Politécnica se centra en la parte técnica, creando así dos líneas complementarias que, unidas a los servicios de la Generalitat, darán los frutos buscados, apunta con seguridad Tárrega.
La citada ley autonómica –la única de esta naturaleza en España– también obliga a la publicidad de los algoritmos que procesan los datos de la Administración Pública.
«Los algoritmos se han convertido en algo presente en casi todos los aspectos de nuestra vida. Son fórmulas matemáticas, definidas, ordenadas y finitas que solucionan problemas, realizan cómputos, llevan a cabo tareas marcadas y procesan datos. Es muy importante que las decisiones automatizadas que se toman sin control humano en servicios públicos eviten desigualdades y no sean discriminaciones. De ahí la necesidad de que exista máxima transparencia», cuenta Tárrega.
Y pone como ejemplo casos como los de preferencia de las listas automáticas de solicitud a puestos de trabajo públicos, donde los algoritmos automáticos e involuntarios de la Inteligencia Artificial pueden afectar a la igualdad humana.
EL REGISTRO DE ALGORITMOS ES UNA OBLIGACIÓN ÉTICA
«Pero la creación de un registro público de algoritmos no es solo una obligación legal, va más allá. Yo lo veo como una obligación ética», subraya Tárrega.
Se trata de una medida preparatoria para el futuro, en clara referencia al alcance de la IA y al ejercicio de políticas públicas en un mundo tecnológico y en constante cambio.
La tarea se las trae, reconoce. Porque hay que organizar los algoritmos que se utilizan y facilitar a los ciudadanos un método para que comprendan su funcionamiento de una forma asequible.
En eso, precisamente, están las dos universidades mencionadas.
La irrupción de la Inteligencia Artificial (AI) complica las cosas, reconoce Tárrega. «Porque es capaz de procesar algoritmos de manera ajena a la voluntad humana. En este sentido tenemos muy presente el acuerdo histórico al que llegaron la noche del pasado 8 de diciembre el Parlamento Europeo y los Estados miembros de la Unión Europea para regular la IA. Va a ser la primera normativa global del mundo», explica el director general de Transparencia de la Generalitat Valenciana.
La ley autonómica de Transparencia y Buen Gobierno fue elaborada por la anterior administración socialista, lo tiene muy presente el director general. Por su gran importancia, el gobierno de la Generalitat que capitanea el presidente popular Carlos Mazón, ha decidido darle el máximo impulso.
«Estamos abocados, en el futuro, a llevar a cabo una gran reforma legal. Y no solo en el ámbito de la transparencia administrativa y en el campo de los derechos fundamentales. Los efectos de la Inteligencia Artificial se van a sentir en todos los órdenes de nuestras vidas. En la Generalitat valenciana somos muy conscientes de esto y estamos trabajando sobre ello. En estos momentos estamos elaborando, en colaboración con agentes sociales, lo que va a ser el Segundo Plan de la Alianza de Gobierno Abierto. Un marco en el que estamos abordando estas cuestiones. El futuro está convirtiéndose en presente y nosotros queremos estar preparados», concluye.
