Carolina Rius, magistrada de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, ha archivado de forma definitiva la recusación interpuesta por Gonzalo Boye, abogado de Josep Lluis Alay, contra el magistrado del Juzgado Central de Instrucción 6 de ese mismo órgano judicial, Manuel García Castellón.
Alay fue el jefe de Gabinete del prófugo Carles Puigdemont cuando era presidente de la Generalitat.
La decisión de la magistrada Rius le deja vía libre para continuar con el caso Tsunami Democratic, en el que figuran como investigados tanto Alay como Puigdemont. Los dos figuran como investigados en la causa abierta por el magistrado García Castellón por un supuesto delito de terrorismo. Por los disturbios violentos que condujeron a la ocupación del Aeropuerto del Prat, en Barcelona, el 14 de octubre de 2019.
El objetivo de Boye era apartar a García Castellón de la causa.
Para eso se sirvió de unas declaraciones públicas del magistrado criticando la futura ley de amnistía.
García Castellón dijo: «Yo, únicamente, como ciudadano, puedo decir dos cosas. Uno, que en la Constitución tampoco está prohibida la esclavitud y, sin embargo no es posible. Y eso que no está prohibida expresamente. Y dos, bien, estos señores han dicho que en cuanto puedan van a volver a repetirlo. Por lo tanto, ¿será esta amnistía la primera de muchas otras después?«.
El magistrado pronunció esas palabras el 5 de octubre pasado en el Foro de la Región de Ourense, en el marco de un coloquio titulado «La Audiencia Nacional, un tribunal excepcional».
La recusación fue presentada por Boyé los días 12 y 19 de diciembre pasado.
La magistrada Rius ha rechazado la recusación porque Boye no subsanó los errores formales. Faltaba la firma preceptiva del procurador. Al no hacerlo ha acordado «la inadmisión de la recusación y el archivo definitivo».
TSUNAMI DEMOCRÀTIC
De las investigaciones que lleva a cabo García Castellón sobre Tsunami Democràtic ha podido deducir que era una organización estructurada y jerarquizada, con el objetivo de subvertir el orden constitucional y desestabilizar económica y políticamente al Estado español, así como alterar gravemente el orden público mediante movilizaciones sociales masivas.
Entre los actos investigados se incluyen el bloqueo de infraestructuras críticas como el aeropuerto de Barcelona-El Prat y altercados en varios eventos.
García Castellón ha calificado inicialmente estos hechos como posibles actos de terrorismo, aunque la Fiscalía ha expresado su desacuerdo con esta calificación, argumentando que las acciones de Tsunami Democràtic no encajan en la definición de terrorismo y sugiere que el caso debería ser investigado por desórdenes públicos en los tribunales de Barcelona.
No así la acusación particular de Fuster-Fabra Abogados que suscriben la calificación del magistrado.
