El expediente de regulación de empleo o ERE es un procedimiento en el que se autoriza a la empresa para realizar un despido colectivo y se encuentra regulado en el artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores (ET).
Suele ser por causas organizativas, técnicas, económicas o productivas y los empleados tienen derecho a ser indemnizados. Un ejemplo reciente es el de Telefónica, pero también han optado por él Marina D’Or, Spanair, Ford o Pfizer, entre otros muchos.
Es diferente a la regulación temporal de empleo (ERTE), la cual permite a la empresa la suspensión del contrato o reducción de la jornada laboral y no implica la pérdida definitiva del empleo. Un sistema por el que adoptaron muchas mercantiles durante el estado de alarma.
Sin embargo, tal y como explica a Confilegal el letrado laboralista Ricardo Fortún, de Selier Abogados, «la reforma laboral del 2012 supuso un punto de inflexión muy importante en los despidos colectivos al colocar la objetividad en el centro de todo».
Y es que no sólo amplió y concretó las causas que habilitan los despidos, sino que «suprimió la necesidad de obtener una autorización administrativa para poder llevarlo a cabo». Una decisión que, según recuerda Fortún, era bastante subjetiva como consecuencia del alto grado de discrecionalidad que para ello disfrutaba la autoridad laboral.
Ello llevó a que se diese más importancia a la negociación.
Todo ello ha provocado que en los últimos años se intensifique la judicialización de los despidos colectivos, tanto «para evitar tanto abusos empresariales como para arañar una segunda ronda de negociaciones», detalla el letrado.
«Esto ha conllevado que las empresas se hayan visto obligadas a ser más serias y concienzudas a la hora de promover este tipo de despidos, dado que cualquier error formal puede implicar que el despido colectivo acabe siendo declarado nulo».
Las empresas mas afectadas por ERE son las que tienen a trabajadores mayores
Preguntado por cuáles son las empresas que más han sufrido un ERE, el experto en laboral manifiesta que son aquellas con empleados mayores.
«La aprobación de la llamada ‘Cláusula Telefónica’ con un objetivo disuasorio para evitar que las empresas despidan a trabajadores de más de 50 años obligándolas en ciertos casos a abonar una cuantiosa aportación económica al Tesoro Público, ha hecho que el coste de un despido colectivo pueda incrementarse significativamente».
Todo ello sumado a que también se han aprobado la obligación de abonar convenios especiales a la Seguridad Social de aquellos empleados que tienen más de 55 años y que se encuentren afectados por un despido colectivo.
Por otro lado, Fortún comenta que la situación actual -tanto por la política nacional como por el contexto internacional- esta causando una gran incertidumbre a las empresas, las cuales han planteado una estrategia conservadora para 2024.
«En un momento en el que la recuperación de la pandemia ha sido más lenta que en el resto de países de nuestro entorno, que existe un riesgo evidente de no obtener los incentivos económicos que suponen los fondos europeos, y no existir certeza en el camino que seguirán las políticas económicas, está haciendo que las empresas frenen en sus inversiones», confiesa.
Además, el incremento de la presión fiscal acaba ahondando en la necesidad de ajustar los gastos, incluyendo los de personal, concluye.
