La delegación europea de Ciudadanos pidió ayer al comisario de Justicia, Didier Reynders, que actúe contra los ataques al magistrado Manuel García-Castellón por parte de la vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Ribera, respaldados por la vicepresidenta Segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.
“Los jueces y fiscales españoles se han pronunciado ya públicamente –en un movimiento histórico en España– alertando de la amenaza y presión real por parte del poder político, pero necesitan del amparo de las instituciones europeas ante lo que viven a diario”, manifestó la eurodiputada y vicepresidenta de la Comisión de Libertades Civiles del Parlamento Europeo, Maite Pagazaurtundua.
En una misiva que viene a sumarse a la documentación que le remitió en diciembre pasado, en la que daba cuenta de los ataques a la separación de poderes que se están produciendo desde el gobierno de Pedro Sánchez, Pagaza alerta de que declaraciones como esta –“claros ataques contra la independencia de los jueces”– ponen en juego “la aplicación de nuestro ordenamiento jurídico, que no puede quedar al albur de la deriva populista del Gobierno de España”.
La eurodiputada, que ya ha informado a la Comisión Europea de los acuerdos de gobierno entre el partido de Pedro Sánchez y partidos populistas e independentistas que aplican prácticas incompatibles con el ordenamiento jurídico y que afectan a la Justicia, ha incidido en las consecuencias de la ley amnistía a delitos de terrorismo y corrupción.
También ha hecho hincapié en la creación de comisiones parlamentarias en el Congreso de los Diputados para investigar la “judicialización de la política”, con competencias para emprender acciones de responsabilidad contra los jueces.
“Comisario, la Unión Europea se basa en principios fundamentales, entre ellos, el respeto a la separación de poderes. Los ataques al estado de derecho amenazan con socavar este principio esencial, comprometiendo la independencia del sistema judicial y poniendo en peligro la integridad del sistema democrático. Cuando los ataques a la independencia judicial se producen desde el poder, su gravedad es aún mayor pues buscan crear una onda expansiva de cautela, miedo y autocensura que es precisamente lo que no debe darse en democracias sanas”, indica Pagaza.
La vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Ribera, ha arremetido contra Manuel García Castellón después de que el juez de la Audiencia Nacional se reafirmara en su tesis de que el Tribunal Supremo debe investigar a por terrorismo al expresidente catalán Carles Puigdemont en la causa abierta en torno al movimiento Tsunami Democrátic.
