Era inevitable que la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) saliera a responder a las críticas de la vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Ribera, sobre la instrucción que el magistrado titular del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, está llevando a cabo sobre «Tsunami Democràtic», impulsora de la ocupación del aeropuerto del Prat-Barcelona el 14 de octubre de 2019.
Porque una de las funciones del CGPJ es, precisamente, la defensa de la independencia de los jueces.
Y lo ha hecho de una forma rotunda y unánime de todos sus miembros.
«La Comisión Permanente estima que estas manifestaciones, en cuanto merman la confianza de nuestros conciudadanos en la Justicia y contribuyen al deterioro institucional, merecen un rotundo rechazo, máxime si interfieren en una investigación en curso de los hechos«, ha declarado esta tarde, tras la reunión mantenida para valorar las palabras de Ribera.
Palabras que han tenido una gran repercusión desde el momento en que las pronunció, esta mañana, en un programa de TVE, refiriéndose al auto dictado por García Castellón contra algunas personas supuestamente relacionadas con «Tsunami Democràtic», entre ellas los prófugos Carles Puigdemont, expresidente de la Generalitat de Cataluña, y Marta Rovira, secretaria general de Esquerra Republicana de Catalunya, por un supuesto delito de terrorismo.
“Tiene una implicación política importante y suele salir a colación en momentos sensibles… Hay algunas personas… que tienen cierta querencia por pronunciarse siempre en una misma dirección y en un momento particularmente oportuno frente a lo que suelen ser los pronunciamientos de otros compañeros dentro del ejercicio del poder judicial”, ha declarado Ribera.
«La Comisión Permanente entiende que estas manifestaciones son contrarias al principio de lealtad institucional, al deber general de respeto a la independencia judicial inherente a un Estado de derecho consolidado e integrante de la Unión Europea, uno de cuyos valores esenciales es la separación de poderes, imprescindible para hacer realidad el valor Justicia, porque sólo unos jueces en los que sus conciudadanos confíen podrán prestar el derecho a la tutela judicial efectiva para la prevalencia de los valores comunes propios del Estado de derecho«, ha añadido el CGPJ.
«Por eso, como el Consejo General del Poder Judicial ya ha hecho a lo largo del presente mandato con ocasión de otros pronunciamientos de miembros del Poder Ejecutivo en relación con actuaciones de los tribunales, esta Comisión Permanente apela a la moderación, prudencia y mesura y a la responsabilidad institucional para evitar la utilización política de la Justicia o el cuestionamiento de la independencia, la imparcialidad y la profesionalidad de los/as jueces/zas y magistrados/as que integran el Poder Judicial», ha concluido.
La declaración del CGPJ tiene lugar pocas horas después de que tres de las cuatro asociaciones judiciales se hayan pronunciado en la misma dirección condeantoria.
TSUNAMIC DEMOCRÀTIC AL SUPREMO
García Castellón desestimó ayer el recurso presentado por la Fiscalía contra su decisión de enviar la causa sobre ‘Tsunami Democràtic’ al Tribunal Supremo para que investigue por un delito de terrorismo a Puigdemont, por ser aforado como eurodiputado, a Rovira, y a otras diez personas.
La proposición de Ley de Amnistía, ahora en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados propone excluir aquellos casos en los que se ya se haya dictado una sentencia firme. Esto significa que los casos de terrorismo sin sentencia firme podrían ser considerados para la amnistía.
Lo que es particularmente relevante para los casos relacionados con Tsunami Democràtic y los llamados Comités de Defensa de la República, conocidos como CDR, cuyas investigaciones aún están en curso en la Audiencia Nacional, precisamente en el Juzgado Central de Instrucción del que es titular García Castellón.
La aplicación de estas exclusiones, especialmente en lo que respecta a los actos de terrorismo sin sentencia firme, dependerá de la interpretación de los jueces una vez que la ley sea aprobada.
Esta es precisamente la «china» que molesta en el zapato del PSOE y de los partidos independentistas que apoyan dicha proposición de ley. La «china» que supone García Castellón.
El magistrado considera que los disturbios que desembocaron en la ocupación y paralización del aeropuerto del Prat de Barcelona el 14 de octubre de 2019 para combatir la sentencia del «procés» constituyeron un acto terrorista orquestado por Tsunami Democràtic.
Lo que explicó en su último auto:
«En la acción desplegada el 14/10/2019 en el Aeropuerto se utilizaron armas, artefactos y sustancias de similar potencia destructiva (artefactos de pirotécnicos, mecanismos de disparo de proyectiles metálicos, extintores, se lanzaron contra los agentes y desde una altura de hasta dos plantas carros portamaletas, extintores, piedras, botellas, garrafas, cristales, metales, maderas, etc). Algunos de estos elementos se llevaban por las personas concentradas, pudiendo constatarse con ello la planificación de la acción ejecutada por TD y la voluntad de imprimir un carácter violento a la misma. Otros, se utilizaron a partir del material existente en
el aeropuerto», explica el magistrado en su auto.
