Las declaraciones que esta mañana ha dado la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, en el programa La hora de la 1 acusando al magistrado instructor del caso Tsunami Democratic de tener «querencia» por pronunciarse siempre en la misma dirección y tomar decisiones «en un momento particularmente oportuno» han sido criticadas por tres de las cuatro asociaciones de jueces.
Desde la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) han explicado a través de un comunicado que siempre han defendido el derecho a la libertad de expresión y la crítica a las resoluciones judiciales.
Ahora bien, «lo que no resulta de recibo en un Estado de Derecho es que un miembro del Ejecutivo acuse veladamente a un juez de prevaricar». Aunque han reconocido que ya nada les sorprende.
Inaceptable que constantemente se ataque la independencia judicial
Ven inaceptable que constantemente se esté atacando a la independencia judicial por parte de quienes tienen las más altas responsabilidades políticas, «tratando de socavar la confianza de los ciudadanos en el Poder Judicial y, en definitiva, los pilares sobre los que se asienta nuestro Estado de Derecho, la única garantía de la convivencia pacífica en nuestro país».
Por su parte, Luis Ortiz Vigil, miembro del Comité Nacional de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) ha recordado que «señalar a los jueces sólo genera desconfianza a la ciudadanía. Los tiempos de la Justicia no son los tiempos de la política».
Asimismo, ha enfatizado en que los pronunciamientos judiciales obedecen a una petición de las partes y se da respuesta a un recurso. «Si el juez no diera respuesta estaría cometiendo un delito. Resulta inexplicable a estas alturas que un miembro del Gobierno parezca desconocer cómo funciona la Justicia».
De modo que, al ser España un Estado de Derecho, desde AJFV han exigido respeto «porque con comentarios como este sólo se está perjudicando al país».
Desde Jueces y Juezas para la Democracia (JJpD) han preferido no pronunciarse y simplemente decir que hay libertad de expresión.
Señalamientos públicos
Por último, Fernando Portillo, presidente de Foro Judicial Independiente (FJI) ha comentado que la ministra habla de una «querencia» por parte del juez. Pero para él existe «una querencia de nuestros políticos a protestar públicamente las decisiones judiciales que no les convienen, o bien por su contenido, o por el momento en el que se dictan.
«Lo que creo es que no tienen en cuenta que los tiempos de los procesos judiciales no dependen enteramente de los jueces. Este proceso lleva muchos años investigándose, y lo que no se puede hacer es acomodar su tramitación a los intereses políticos de nadie según el momento», ha resaltado.
Y es que, si la Fiscalía no hubiese recurrido la decisión inicial del juez, García Castellón no se hubiese pronunciado en estos momentos.
«Lo que nadie puede pretender es que no resuelva el recurso de la Fiscalía hasta que no acabe la tramitación de la ley de amnistía».
En todo caso, ha considerado que sobran los señalamientos públicos, y menos por decisiones que todavía no son definitivas. «Manifestaciones o acusaciones así aunque sean veladas hechas por una ministra no ayudan ni a la tranquilidad ni a rebajar la presión que estamos recibiendo los jueces».
