El Tribunal Internacional de Justicia (TIJ) ha instado a Israel para que tome «todas las medidas necesarias» a fin de proteger a los habitantes palestinos de la Franja de Gaza contra posibles violaciones mencionadas en la Convención sobre Genocidio.
Además, ha urgido a que se les proporcione la ayuda requerida de manera inmediata, a través de una serie de medidas provisionales que no detienen la acción militar en curso.
La magistrada Joan E. Donoghue ha destacado, en una declaración pública, que el TIJ es competente para proceder con la demanda interpuesta por Sudáfrica contra Israel por la supuesta infracción de la mencionada Convención.
Sudáfrica presentó su acusación contra Israel alegando un posible «genocidio» en Gaza, donde el número de muertos ha ascendido a más de 26.000, según los últimos informes del Ministerio de Salud de Gaza, que gestiona Hamas.
Donoghue ha subrayado la «tragedia humana» que se vive en Gaza y ha expresado la profunda preocupación de la CIJ por la elevada cifra de víctimas.
Se ha señalado, sin confirmación independiente, la «devastación» que ha azotado a la Franja durante más de cien días, haciendo hincapié en la situación extremadamente grave de los niños en la zona.
La decisión preliminar de los jueces indica que ciertas acusaciones contra Israel caen bajo la competencia de la Convención sobre Genocidio, concediendo a los palestinos el derecho a ser protegidos como grupo, a pesar de las solicitudes israelíes de desestimar el caso.
Las medidas provisionales dictadas, que son obligatorias, no ordenan explícitamente el fin de los ataques en Gaza, sino que instan a prevenir y perseguir cualquier maltrato hacia los civiles, exigiendo a Israel reportar a la corte dentro de un mes las acciones tomadas en cumplimiento de estas directrices.
A la espera de un pronunciamiento definitivo del TIJ, la situación en Gaza, ya de por sí «catastrófica», podría empeorar, según los jueces.
La representación legal de Sudáfrica, apoyada por más de 50 países, denunció la retórica y acciones de líderes israelíes, así como la destrucción de infraestructura civil y el desplazamiento forzado de personas.
Por su parte, Israel, respaldado por su principal aliado, Estados Unidos, defiende la necesidad de la ofensiva para neutralizar una «amenaza existencial», argumentando que el conflicto es con Hamás, no con el pueblo palestino, y que los daños civiles son una consecuencia desafortunada de cualquier conflicto, responsabilizando a Hamás de estos.
El TIJ, órgano de la ONU, emite fallos vinculantes para los Estados miembros pero carece de medios para asegurar su cumplimiento, como se evidenció en el caso de Rusia con Ucrania.
A diferencia del Tribunal Penal Internacional (TPI), la CIJ resuelve disputas entre Estados y no juzga individuos, lo que implica que el caso entre Sudáfrica e Israel podría prolongarse varios años hasta alcanzar una decisión final e inapelable.
