La Sala Primera del Tribunal Constitucional de España, con ponencia del magistrado Ricardo Enríquez Sancho, ha dictado una sentencia unánime de gran relevancia para la protección de los derechos laborales, especialmente en lo concerniente a la discriminación por razón de sexo en el contexto del embarazo.
Este fallo se origina en la demanda de amparo presentada por una trabajadora despedida de su empresa durante su embarazo, situación que fue tratada de manera diferente a la de sus compañeras despedidas en circunstancias similares, pero no por razones de embarazo.
El caso se centra en el despido de varias trabajadoras, incluida la demandante, cuyas terminaciones de empleo fueron reconocidas por los tribunales como no objetivas y, por tanto, sujetas a indemnización.
Sin embargo, la particularidad del caso de la demandante radica en que su despido fue declarado nulo por ser un acto de discriminación directa por embarazo, en contraposición a los despidos improcedentes de sus compañeras.
A pesar de ello, tanto la Administración como los tribunales subsiguientes negaron a la demandante el derecho a reclamar los salarios de tramitación del Estado, una compensación prevista para situaciones de insolvencia del empresario.
Los salarios de tramitación representan los sueldos que se dejan de percibir desde la presentación de la demanda por despido hasta la sentencia que declara su improcedencia o nulidad, más aquellos que excedan de noventa días hábiles.
En este caso, la negativa a otorgar dichos salarios a la demandante se basó en una interpretación legal que distinguía entre despidos nulos (por discriminación) y despidos improcedentes (sin justificación objetiva), concediendo el derecho al cobro de dichos salarios solo en el segundo escenario.
La sentencia del Tribunal Constitucional critica esta interpretación por considerarla una forma de discriminación por razón de sexo, contraria a los principios constitucionales.
El tribunal destaca que el embarazo, como hecho biológico exclusivo de las mujeres, requiere una protección reforzada en el ámbito laboral, asegurando la conservación de los derechos profesionales de la mujer embarazada.
Sin embargo, en este caso, la aplicación de la normativa resultó en un trato desfavorable para la trabajadora embarazada, no solo negándole una protección adecuada sino colocándola en una posición peor que la de sus compañeras despedidas por razones no discriminatorias.
El Tribunal Constitucional señala que esta situación perjudica el mecanismo de tutela reforzada legalmente previsto para la trabajadora embarazada, el cual tiene por objeto promover la igualdad de oportunidades en el trabajo y evitar la discriminación por razón de sexo.
En lugar de beneficiar a la demandante, la interpretación rigurosa, literal y formalista de la legalidad ordinaria empleada por las instancias anteriores le privó de un derecho que legalmente le correspondía, exacerbando la discriminación por embarazo.
Frente a este panorama, el Tribunal Constitucional otorga el amparo solicitado por la demandante, reconociendo la violación de su derecho fundamental a no ser discriminada por razón de sexo.
Como medida de reparación, declara la nulidad de todas las resoluciones dictadas en el procedimiento, ordenando la retroacción de las actuaciones al momento inmediatamente anterior al fallo de la administración competente.
Esto implica que se deberá adoptar una nueva decisión que respete el derecho fundamental a la no discriminación por razón de sexo, garantizando así la protección y compensación adecuadas para la trabajadora embarazada.
Este fallo del Tribunal Constitucional representa un hito importante en la jurisprudencia española en materia de derechos laborales y discriminación por razón de sexo, subrayando la necesidad de interpretar y aplicar la ley de manera que se respeten y promuevan los derechos fundamentales, especialmente en contextos de vulnerabilidad como el embarazo en el lugar de trabajo.
