Un mensaje de mayo de 2021. Diez palabras, quizá menos. «Lo que hablamos de Leire, ¿podríamos ponerlo ya en marcha?». Así arrancó, según la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, el proceso que llevaría a Leire Díez hasta un despacho en Correos. No hubo convocatoria pública que lo precediera. Hubo, primero, una conversación entre amigos.
El informe que la UCO ha remitido al magistrado instructor de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz —quien instruye la causa sobre presuntos amaños en contratos de la SEPI— apunta directamente a Juan Manuel Serrano, expresidente de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos y antiguo jefe de gabinete de Pedro Sánchez.
Su papel, sostienen los investigadores, no fue el de un espectador ajeno a los hechos. Fue, literalmente, quien apretó el botón de arranque.
Una operación con nombre y apellidos
La secuencia que reconstruye la Benemérita tiene la precisión incómoda de los documentos judiciales: fechas, capturas de pantalla, nombres propios que se repiten hasta formar un patrón.
Vicente Fernández, entonces presidente de la SEPI, trasladó a Serrano la petición de colocar a Díez.
Sugirió, incluso, el destino exacto: el área institucional, junto a José Luis Pérez —»Tote» en la jerga del grupo—, vicesecretario de la compañía postal con quien Fernández habría coincidido años atrás en la Junta de Andalucía.
La respuesta de Serrano fue lacónica. «Ok, vamos hablando». Pero bastó. Fernández se lo trasladó a Díez sin rodeos: «No te preocupes que lo tuyo sale».
Y salió. El 21 de junio de 2021 —semanas antes de que existiera plaza, convocatoria o procedimiento alguno— el chat ‘Hirurok’, donde coincidían Díez, Fernández y un tercer interlocutor identificado como Alonso, ya daba por confirmado el fichaje.
«Bueno para todos», resumió Fernández. La UCO no necesita adjetivos para calificar esa frase: los hechos posteriores lo hacen por ella.
El perfil hecho a medida
Octubre de 2021. Cuatro meses después de aquella confirmación extraoficial, empieza a redactarse el documento que, sobre el papel, debía justificar la contratación: el perfil del puesto de Relaciones Institucionales.
Pérez le pide a Díez que participe en su elaboración. «Modifica lo que estimes», le escribe. Ella lo hace, y reenvía su propia versión, «más ajustada a su perfil», según recoge textualmente el informe policial.
El resultado no sorprenderá a nadie familiarizado con este tipo de tramas: amplios conocimientos de la estructura de Correos, experiencia en relaciones institucionales, manejo de redes sociales.
Un traje cortado, prácticamente, a la medida de quien iba a vestirlo.
Un día después de cerrarse el plazo de presentación de candidaturas —un solo día—, Díez ya sabía que se incorporaría «el 15 casi con total seguridad». La coincidencia temporal, apuntan los agentes, resulta difícil de explicar por vías ortodoxas.
«Participación preeminente»
La UCO no se limita a describir gestos aislados. Construye, a partir de esos mensajes, una tesis: Serrano «habría participado activamente» en todo el proceso, desde el impulso inicial hasta los días previos al nombramiento formal, aunque las gestiones intermedias corrieran a cargo de otros directivos de la empresa pública.
El propio magistrado Pedraz, en el auto que formalizó las primeras imputaciones, ya apuntaba indicios de esa colaboración, aunque optó por esperar al desarrollo de la instrucción antes de precisar responsabilidades.
Serrano, de momento, no ha sido llamado a declarar. Los investigadores, sin embargo, le atribuyen ahora una «participación preeminente» en los hechos.
De Correos a SDEP: el círculo se cierra
La historia no termina con la contratación. En 2022, Díez asciende a la dirección de Filatelia y Relaciones Institucionales, dependiente «de manera inmediata» del propio Serrano.
Es en ese periodo cuando Correos empieza a adjudicar encargos al despacho SDEP & Carrillo Abogados, vinculado a su vez a una Unión Temporal de Empresas participada por Enusa —donde, no por casualidad, Díez había trabajado antes.
La empresa investigada, Mediaciones Martínez, llegó a facturar 17.545 euros a ese despacho, cantidad que, según la UCO, habría servido para canalizar sobrecostes en beneficio del entramado ‘Hirurok’.
Y hay más: Díez habría explicitado ante Juan Antonio Carrillo, socio del bufete, que su misión prioritaria era «proteger» al presidente Serrano.
Dos días después, Carrillo preguntaba a Fernández «qué porcentaje le parecía oportuno» — una pregunta que los investigadores interpretan como referida al reparto entre el despacho y el propio expresidente de la SEPI.
El broche, si puede llamarse así, son las cifras: entre 2022 y 2024, Serrano habría recibido de SDEP al menos 213.995,20 euros, que la Guardia Civil atribuye a «posibles contraprestaciones» por la adjudicación de esos contratos.
Una llamada. Un «vamos hablando». Un perfil rehecho a modelo. Y, al final del recorrido, más de doscientos mil euros. Entre el primer mensaje y la última factura, la UCO cree haber encontrado el hilo que conecta todo: el mismo que ahora deberá desenredar, pieza a pieza, el titular de la plaza 5 de la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia, Santiago Pedraz.
