Aitor Cubo, director general de Transformación Digital de la Administración de Justicia, Joaquín Delgado, magistrado de la Audiencia Nacional, y Borja Adsuara, abogado especializado en este campo y en el de la privacidad, consultor y profesor universitario. Foto: Confilegal.
Cubo, Delgado y Adsuara, tres visiones complementarias sobre la transformación tecnológica de la Justicia
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26/2/2024 06:32
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Actualizado: 26/2/2024 11:56
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«La justicia posiciona la competitividad de un país por su seguridad jurídica. Eso es algo que nadie puede discutir. Nuestro objetivo, con la transformación tecnológica en la que, como país, estamos embarcados, es precisamente ese. Y el Real Decreto-ley 6/2023 ha venido a asegurar que vamos a seguir adelante», afirmó Aitor Cubo, director general de Transformación Digital de la Administración de Justicia.
Fue durante su participación en el panel titulado «¿Qué es la justicia digital? Real Decreto-ley 6/2023 y el papel del personal de justicia en una justicia digitalizada». En el marco de las Jornadas organizadas por el sindicato CSIF sobre «El nuevo modelo de justicia y los nuevos perfiles que se exigen para su personal», y que tuvieron lugar entre el 19 y el 21 de febrero pasados en el Hotel Crowne Plaza Madrid Centro Retiro.
Fue un panel ecléctico y, por esa razón, de lo más interesante. Porque junto a Cubo, tomaron parte Joaquín Delgado, magistrado de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, uno de los jueces tecnólogos más reconocidos.
Y Borja Adsuara, que se definió a sí mismo como filósofo del derecho, y que también es abogado, consultor y profesor universitario, experto en derecho digital, privacidad. Todo bajo la moderación de Javier Jordán de Urries, presidente de CSIF Justicia, y ante la mayor parte de los 269 delegados que esta rama tiene en toda España. CSIF es el sindicato mayoritario en el sector justicia, compuesto por 45.000 funcionarios de los que 10.484 son afiliados.
LA IMPORTANCIA DEL REAL DECRETO-LEY PARA LA JUSTICIA
Cubo explicó a los sindicalistas de CSIF Justicia el futuro que pronto se hará realidad en toda España merced a la entrada en vigor de dicho Real Decreto-ley, que es la transposición de los proyectos de ley de eficiencia digital y procesal que decayeron a consecuencia de la convocatoria de elecciones del 23 de julio pasado.
«Ya no hay documentos. Hay datos. La nueva arquitectura permite que toda sea automatizado y que se pueda explotar la información. Cada Comunidad Autónoma con competencias transferidas puede tener un sistema procesal diferente. Eso ya no es importante. Lo importante es el dato», subrayó Cubo la tarde del 21 de febrero.
El director general de Transformación Digital explicó lo que suponía la materialización de la Carpeta Ciudadana y la Carpeta Justicia, desde el que se pueden ver los señalamientos, la implementación del Escritorio Virtual de Inmediación Digital, que permite el teletrabajo de los funcionarios, y el visor de expedientes Horus, que «permite a abogados y procuradores acceder al expediente electrónico».
Cubo también incidió sobre la implementación de los robots y la Inteligencia Artificial. «Los robots no piensan. Hacen trabajos manuales repetitivos, liberando muchísimos recursos humanos para tareas de importancia», explicó. Una tecnología que se aplica a la cancelación de antecedentes penales.
«Ahora estamos con la combinación de robots e IA, en la línea de la hiperautomatización», relató. «La aplicación de la tecnología no significa que no vayan a ser necesarios funcionarios. No sobran los funcionarios. Al contrario, falta mucho personal. Pero hay que cambiar el concepto, las funciones. En eso estamos».
EL ÍNDICE ELECTRÓNICO, UN RETO
El magistrado Joaquín Delgado identificó, en su exposición, como reto principal la implantación del expediente judicial electrónico en todo el territorio nacional. «Esto es básico para cualquier cosa».
El EJE, como lo definió en cortó, comprende todas las informaciones digitales. Entiéndase tanto texto como audio o vídeo. Y tiene que estar conformado por un índice electrónico, muy importante en todos los casos pero, de forma especial, en los macroprocesos que se manejan en la Audiencia Nacional.
En ese sentido, Delgado hizo un especial hincapié en la necesidad de que se defina de forma homologable el orden de ese índice y que se definan los documentos de una forma que sean identificables con facilidad. «Por ejemplo, los escritos del fiscal se definen como ‘prueba social’. La falta de un orden unificado y unas descripciones iguales para el mismo tipo de documentos o más comprensibles redunda en una mayor dificultad para acceder a ellos», subrayó.
«LOS ESPAÑOLES NO SOMOS TONTOS»
Borja Adsuara, por su parte, se empleó fuerte y con mucho sentido común. «Los españoles no somos tontos. Si una cosa es complicada, te disuade su utilización. Pero si te quita trabajo, se adapta. Tenemos dos buenos ejemplos: el WhatsApp y Bizum», explicó.
Para Adsuara, «no hay nada más humano que la tecnología. Por eso no hay que temer a la Inteligencia Artificial. Es una mera herramienta y todos vamos a tener que utilizarla. La clave es si se hace un buen o mal uso de ella».
«La maldad, por el contrario, si es muy humana», señaló.
A su juicio, «lo más importante de la Administración de Justicia siempre será el personal. Eso es lo que marca la diferencia».
Cerró el panel Jordán de Urries, que coincidió con los tres panelistas. «La formación es clave. Sin ella, esta proyecto puede embarrancar», concluyó.
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