A pesar de las muchas reuniones que se han producido entre Ministerio de Justicia y sindicatos, parece que la solución para el problema de las remuneraciones para los 45.000 funcionarios de la Administración de Justicia está aún muy lejos. Esa es la impresión. A no ser que se produzca alguna sorpresa en la reunión que los sindicatos y el secretario de Estado, Manuel Olmedo, van a realizar hoy con la subida salarial como tema central sobre la mesa.
A día de hoy, las posturas de ambos bloques cada vez parecen estar más distanciadas.
Los sindicatos no pueden aceptar una subida solo para los 12.500 funcionarios de la Administración de Justicia del llamado territorio Ministerio (Extremadura, Castilla-La Mancha, Castilla-León, Murcia, Baleares, Ceuta, Melilla, Audiencia Nacional y Tribunal Supremo), por una parte.
Y por otra, el Ministerio de Justicia no puede ir más allá de sus competencias, máximo en un año en el que el presidente del Gobierno ha renunciado a elaborar y aprobar el presupuesto de 2024 y lo ha pospuesto para 2025.
Cada una de las 12 Comunidades Autónomas con competencias transferidas (Andalucía, Aragón, Asturias, Cataluña, Canarias, Cantabria, Comunidad Valenciana, Madrid, Navarra, La Rioja, País Vasco y Galicia), en opinión del Ministerio, deben asumir la subida las subidas que reclaman los cuatro sindicatos de Justicia para los 32.500 funcionarios restantes.
La visión del Ministerio es muy simple: Si todas las Comunidades en su día aceptaron en su día el reparto de los 410 millones de los fondos Next Generation para la transformación de la Administración de Justicia, si participaron en todo este proceso –como así hicieron–, si todos sabían que eso implicaba asunción de nuevas funciones por parte de los funcionarios de Justicia, lo lógico es que también asuman la subida que ahora les reclaman los sindicatos… con cargo a sus presupuestos.
Así lo ve el Ministerio, que ha asumido que tiene que haber subida para los funcionarios de su territorio. Para los suyos.
Cada una de las 12 Comunidades (8 bajo Gobierno del PP, 2 bajo gobierno del PSOE, 1 del PNV y otra de ERC) debe asumir lo que le corresponde como se hizo en los días de vinos y rosas del maná de los fondos europeos, que ninguna rechazó.
Que cada palo aguante su vela
Con esta frase podría sintetizarse el asunto.
La diferencia con respecto a la subida pactada por el Ministerio con los letrados de la Administración de Justicia es que este cuerpo de funcionarios es nacional.
No ha sido transferido, como así sucedió con los de gestión, tramitación y auxilio judicial. La competencia, sobre ellos, por lo tanto, es plena del Ministerio.
Y lo mismo ocurre con jueces y fiscales.
A todos ellos la nómina se la paga el Ministerio mensualmente.
Los sindicatos, y es lógica, razonable y comprensible su posición, reclaman que la subida sea para todos los funcionarios, estén o no trabajando en Comunidades con competencias transferidas, a través del llamado Complemento General del Puesto.
No puede ser de otra manera, afirman. Son consecuentes.
Una posición que ha sido rechazada por el departamento de Félix Bolaños.
El secretario de Estado de Justicia, Manuel Olmedo, pondrá hoy la oferta del Ministerio sobre la mesa solo para los funcionarios del territorio Ministerio.
La solución no puede convencer a los sindicatos. Especialmente, debido a que esto dejaría a más de la mitad de los funcionarios sin esta prometida subida salarial. No puede entrar en la lógica sindical. O todos o ninguno. Y si no son todos, comenzarán a sonar los tambores de huelga.
«En octubre de 2023 [desde el Ministerio] garantizaron que habría dinero para todos. Ahora, resulta que no hay presupuestos. Parece que no hay voluntad. Es el Ministerio de las excusas«, lamenta Javier Jordán de Urríes, presidente de CSIF Justicia, a Confilegal.
CCOO se levanta de la mesa de negociación con el Ministerio de Justicia
La posición del Ministerio de Justicia se centra en el Complemento Específico, que no convence a los sindicatos, que comienzan a pesar que las reuniones mantenidas hasta el momento han sido una «pérdida de tiempo».
Tanto, que desde CCOO han advertido al departamento de Bolaños que no volverán «a asistir a una mesa de negociación que excluya a miles de trabajadores».
«CCOO no entrará en el juego tramposo que plantea el Ministerio de Justicia de intentar dividir a los trabajadores», ha asegurado el sindicato a través de un comunicado. «No vamos a ser cómplices de esta inaudita burla y desprecio», confirman desde el sindicato.
Una posición que otros sindicatos se están planteando, aunque sin decisión definitiva por ahora. «Estamos valorando la situación», reconocen desde CSIF.
Sindicato que, además, lamenta el aparente silencio del ministro ante esta situación. Algo que esperan que cambie a partir de las manifestaciones que se producen estos días en Madrid. Y que podría llevar a un cambio de interlocutor en las negociaciones con el Ministerio de Justicia.
Algo que podría desencallar una negociación que parece destinada al fracaso. «Hay margen para llegar a un acuerdo, pero parece que esto va para largo», reconoce Jordán de Urríes.
