El enfrentamiento entre los principales sindicatos de Justicia y el departamento gestionado por Félix Bolaños sigue sin conseguir un acuerdo de fin de conflicto. Y es que, a pesar de las muchas reuniones mantenidas, parece que el acuerdo sobre las retribuciones a los trabajadores de Justicia aún está lejos.
Así pues, los sindicatos CSIF, STAJ, UGT y CCOO se mantienen firmes. Se ha de conseguir un acuerdo para la subida salarial de todos los trabajadores de la administración de Justicia nacional.
Una subida que debe contemplarse desde el Complemento General de Puesto, tal y como defienden desde las asociaciones sindicales.
Sin embargo, el Ministerio de Justicia se mantiene «en sus trece». Esta subida debe realizarse a través del Complemento Específico. Una retribución que recaería en la responsabilidad, y en las arcas, de las comunidades autónomas.
Un plan con el que Justicia únicamente se responsabilizaría de la subida de las comunidades autónomas que no tienen la competencia transferida. Son las Comunidades Autónomas de Extremadura, Castilla-La Mancha, Castilla-León, Murcia, Baleares, Ceuta, Melilla, Audiencia Nacional y Tribunal Supremo.
Propuesta del departamento de Félix Bolaños que cuenta con el «no» de los sindicatos. Y también de las ocho comunidades autónomas que cuentan con sus propias competencias, y que están bajo el mandato del Partido Popular.
Y es que, en plena tensión política entre el PP y el PSOE en el campo judicial, con la Ley de Amnistía y la renovación del CGPJ, parece que los de Feijóo no estarán dispuestos a «soltar cuerda» a los socialistas en esta cuestión.
Algo que supone el no de Andalucía, Aragón, Canarias, Cantabria, Valencia, Galicia, La Rioja y Madrid, bajo el mandato regional de los populares.
Los trabajadores de Justicia volverán a la huelga si la subida no es para todos
Enfrentamiento con los sindicatos y con el Partido Popular que hace casi imposible que el Ministerio de Justicia consiga su objetivo de contemplar esta subida retributiva a través del Complemento Específico.
Algo que deja al departamento de Félix Bolaños con pocas opciones para evitar un nuevo periodo de huelga de los trabajadores de Justicia. Y es que, o bien busca una solución que «abarque a todos los trabajadores», tal y como exigen los sindicatos, o éstos comenzarán las movilizaciones. Como se suele decir, «de cajón».
Una nueva huelga que supondría la paralización prácticamente absoluta de la Administración de Justicia a nivel nacional. Lo que desencadenaría un retraso histórico de los procedimientos judiciales, que afectaría a la totalidad de los españoles y sus administraciones.
Nefastas consecuencias que sólo podrían ser solventadas con el compromiso de Bolaños de satisfacer la subida retributiva de estos trabajadores a través del Complemento General del Puesto, que es lo que plantean las Comunidades Autónomas del PP; que lo asuma el Gobierno.
Un compromiso que supondría 250 millones de euros de gasto público a las arcas del Estado. La misma cifra que el Consejo de Ministros autorizaba a Cataluña en la formalización de operaciones de endeudamiento a largo plazo.
La misma cifra, así mismo, que el Gobierno autorizaba al Ministerio de Transportes para la conectividad de la AP-2 y AP-7 en Cataluña.
Y cerca de una tercera parte de los 800 millones de euros que el Gobierno de Pedro Sánchez comprometía con Marruecos para la inversión de las empresas españolas en el país vecino tras las tensiones con Rabat.
La subida que el Gobierno concedió a los letrados de la Administración de Justicia (LAJ), un cuerpo nacional no transferido compuesto por 4.400 funcionarios, fue de 42 millones de euros. Una cantidad casi idéntica a la acordada con jueces y fiscales, que suman, aproximadamente, 7.900 personas.
Ahora le toca a Bolaños deshacer el nudo gordiano de la reclamación salarial de los sindicatos, quienes, de no obtener una respuesta satisfactoria, harán uso de su «bala de plata»: la huelga.
