De izquierda a derecha, Juan Fernández, Victoria Ortega, Maria del Àngels García, directora general para el Servicio Público de Justicia –moderadora–, Juan Carlos Estévez y Cristina Retana, que participaron en la mesa Colectivos profesionales y legal tech. Foto: MJ.
El Segundo Foro de Transformación Digital de la Administración de Justicia confirma el liderazgo español
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24/3/2024 06:31
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Actualizado: 25/3/2024 12:17
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En un mundo cada vez más interconectado, la transformación digital se ha convertido en un imperativo para todos los sectores, incluido el de la justicia. España, bajo el liderazgo de los últimos ministros de Justicia –Juan Carlos Campo, Pilar Llop y ahora Félix Bolaños–, ha dado pasos agigantados en esta dirección, posicionándose como líder en la implementación de tecnologías de la información en el sistema judicial.
Este avance fue, precisamente, el tema central del II Plenario del Foro de Transformación Digital de la Administración de Justicia, un evento que reunió a expertos y líderes del sector para debatir sobre el futuro de la justicia digital en el país y que tuvo lugar en la Galería de Colecciones Reales, un espacio situado entre el Palacio Real y la catedral de la Almudena, en Madrid.
Inaugurado por Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, y Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, el foro fue un espacio de diálogo y cooperación entre la Administración, el sector empresarial y la ciudadanía, por una parte, y también como un escaparate de los logros y desafíos de España en su camino hacia una justicia más eficiente, accesible y digital.
El Foro contó con la participación de más de 44 ponentes, representantes de diversos sectores profesionales y de la administración, quienes compartieron experiencias, retos y propuestas para seguir avanzando en la mejora del servicio público de Justicia.
Durante su intervención, Bolaños enfatizó la importancia de la digitalización como eje central de la política reformista del ministerio, destacando el papel que juega en la expansión de derechos y libertades a través de la mejora en el acceso y la eficacia de la justicia.
El objetivo es alcanzar en 2030 una Administración plenamente orientada al análisis de datos y al aprovechamiento exhaustivo de las herramientas tecnológicas.
Este esfuerzo se enfoca en agilizar procedimientos, eliminar desplazamientos innecesarios a los juzgados, y optimizar las comunicaciones con las oficinas judiciales, entre otros objetivos clave.
La evaluación que realizaron representantes de los diversos representantes de los diversos grupos profesionales del sector —abogacía, procura, graduados sociales y expertos en gestión del conocimiento—, sin embargo, subrayó que, a pesar de cambios significativos, como el desarrollo de la Carpeta Justicia, aún queda un largo camino por recorrer y múltiples desafíos a superar.
Es lo que quedó patente en la mesa de Colectivos profesionales y legal tech, en la que participaron Victoria Ortega, presidenta en Consejo General de la Abogacía Española, Juan Carlos Estévez, presidente del Consejo General de Procuradores de España, Juan Fernández, vicepresidente 1º del Consejo General de Graduados Sociales de España, y Cristina Retana, directora de Innovación y Contenidos en Aranzadi LA LEY.
Ortega subrayó la importancia de entender que la digitalización no es un fin en sí mismo, sino un medio para mejorar la administración de justicia. Sin embargo, alertó sobre la disparidad en la velocidad de implementación tecnológica a lo largo del territorio nacional.
Estévez y Fernández, por su parte, hicieron hincapié en la necesidad de continuar mejorando las plataformas digitales existentes y de garantizar una mayor cohesión en la aplicación de estas tecnologías a nivel nacional.
Retana destacó cómo la inteligencia artificial generativa está empezando a influir en el sector legal, no solo en la Administración de justicia sino también en el funcionamiento interno de los bufetes de abogados.
A pesar del potencial de estas tecnologías para transformar la práctica legal, Retana advirtió sobre los riesgos asociados a la fiabilidad y actualización de los datos utilizados para entrenar estas herramientas.
ESPAÑA A LA CABEZA
Según la Comisión Europea para la Eficacia de la Justicia (CEPEJ), España se encuentra entre los líderes europeos en términos de equipamiento tecnológico en el sistema judicial, un logro que no solo responde a las demandas de la sociedad moderna sino que también supera la media europea en gasto por habitante en tecnologías de la información.
El Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre, es uno de los esfuerzos más recientes para continuar y mejorar esta transformación digital, proponiendo iniciativas concretas para facilitar el acceso a la justicia y mejorar la labor de los juzgados a través de la tecnología.
Este marco legislativo subraya el compromiso del gobierno con la creación de un sistema judicial que favorezca una relación digital fluida entre los ciudadanos y la justicia.
Entre los temas abordados destacaron la colaboración público-privada, la necesidad de aprovechar todos los talentos de la sociedad para superar las brechas tecnológicas, y la importancia de la cocreación de valor en el ámbito de la justicia digital.
Una de las mesas, la que llevó por título Cogobernanza del Servicio Público de Justicia, reunió a representantes de las Comunidades Autónomas de Cataluña, Andalucía, Asturias y Canarias.
Cataluña estuvo representada por Dora Tellado, directora general de Modernización de la Administración de Justicia, quien explicó que se ha incrementado notablemente su inversión en tecnología para la digitalización, pasando de 23 millones anuales en 2021 y 2022 a 58 millones previstos para este año y el próximo, marcando un aumento del 76% en el presupuesto.
Andalucía, en la persona de Teresa Ávila. secretaria general de Infraestructuras Judiciales, Modernización Digital y Regeneración, explicó que habían lanzado un plan de renovación del parque judicial, con una inversión sin precedentes de 1.500 millones de euros destinados a construir nuevas sedes judiciales y modernizar las existentes.
Asturias, por medio de Javier Fernández, director general de Estrategia Digital e Inteligencia Artificial, anunció un asistente virtual en Asturias para gestionar el expediente judicial electrónico.
María del Socorro Robador, jefa del Servicio de Organización y Modernización de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia del Gobierno de Canarias, explicó el uso pionero de inteligencia artificial para identificar cláusulas abusivas en los procesos judiciales.
Este foro ha puesto de manifiesto no solo los avances significativos hacia una justicia digital en España, sino también el compromiso de las regiones con la innovación tecnológica para mejorar la eficiencia y accesibilidad del sistema judicial. Con estas inversiones y proyectos, el país se encamina hacia una transformación digital que promete una justicia más ágil, sostenible y cercana al ciudadano.
El evento, que reunió a 450 participantes de forma presencial y a muchos más a través de la transmisión en línea, no solo ha demostrado el compromiso de España con la digitalización de su sistema judicial sino también ha marcado el camino para futuras iniciativas y colaboraciones.
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