Fuentes consultadas por Confilegal opinan que el camino iniciado por García Ortiz tiene como objetivo el Tribunal Constitucional.
¿Está buscando el fiscal general del Estado que la validez de su nombramiento lo resuelva el Tribunal Constitucional?
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08/5/2024 13:58
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Actualizado: 08/5/2024 14:04
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Es una salida muy probable, según fuentes consultadas por Confilegal, una vez que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha presentado personalmente un incidente de recusación contra los cuatro magistrados que conforman la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo.
Pablo María Lucas Murillo de la Cueva, presidente en funciones de la Sala también, Luis María Díez Picazo Giménez, Antonio Jesús Fonseca-Herrero Raimundo y José Luis Requero Ibáñez son los competentes para estudiar el recurso que interpuso la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF) contra su renovación al frente de la Fiscalía General del Estado y decidir si continúa o no en el cargo.
Son los mismos magistrados que han fallado que García Ortiz había actuado con «desviación de poder» al proponer a Dolores Delgado como fiscal de la Sala de lo Militar del Supremo, lo que desembocó en la anulación de dicho nombramiento.
Y son los mismos que ayer acordaron anular el segundo nombramiento de Delgado como fiscal de Sala de la Fiscalía de Derechos Humanos y Memoria Democrática.
Si los cuatro magistrados, a cuya Sección corresponde decidir sobre los asuntos relativos a personal y derechos fundamentales, decidieran no apartarse –lo cual tiene altas probabilidades de que eso ocurra porque admitir la recusación equivaldría a validar la argumentación de García Ortiz, de que los magistrados no son imparciales–, el asunto se vería avocado a la Sala del 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
La Sala del 61 es una Sala Especial que está compuesta por 16 magistrados: el presidente interino del Supremo, los presidentes de las cinco salas (en este caso de cuatro porque el presidente interino, Francisco Marín Castán es presidente de la Sala de lo Civil) y los cinco magistrados más antiguos y los cinco más recientes de cada una de una de las Salas.
Las probabilidades de que la Sala del 61 tampoco admita la recusación contra los cuatro miembros de la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo también son altas. Por las mismas razones.
Sería reconocer su falta de imparcialidad en las dos sentencias contra Delgado.
Los cuatro magistrados tienen una larga y reconocida reputación. Lucas Murillo de la Cueva, además de presidente en funciones de la Sala, es el magistrado del CNI. Díez Picazo ha sido presidente titular de dicha Sala. Fonseca-Herrero Raimundo ha sido promotor de la Acción Disciplinaria y Requero ha sido también vocal del Consejo General del Poder Judicial.
¿UN INCIDENTE DE NULIDAD CON VISTAS AL CONSTITUCIONAL?
Si eso ocurriera, de acuerdo con las fuentes consultadas, el siguiente paso, por parte de García Ortiz, sería la interposición de un incidente de nulidad por vulneración de derechos fundamentales ante el propio Tribunal Supremo, lo que abriría la puerta para presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, que cuenta con una mayoría progresista.
La posibilidad de un desenlace positivo para la causa del fiscal general del Estado –sobre el papel– sería mayor que en el Tribunal Supremo. Todo indica, según estas fuentes, que ese es el final del camino emprendido por la recusación de García Ortiz.
El recurso contra el nombramiento de García Ortiz como fiscal general del Estado fue interpuesto el pasado mes de febrero por la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF), cuyo representante en el Consejo Fiscal de la Fiscalía General del Estado, es el fiscal del Supremo, Salvador Viada, que siempre se ha mostrado muy crítico con el actual fiscal general del Estado.
La APIF recurrió el Real Decreto del Gobierno por el que renovó a García Ortiz por considerar que no es idóneo para desempeñar, conforme a la Constitución, las funciones que tiene asignadas, entre ellas la jefatura de todos los fiscales de España» por las decisiones adoptadas desde que fue elegido para dicho cargo en 2022,
Esta asociación de fiscales argumentó, para sustentar su inidoneidad, la primera anulación del nombramiento de Delgado y la negativa de García Ortiz a que el Consejo Fiscal elaborara el informe que le pidió el Senado sobre la proposición de Ley de Amnistía. Sin olvidar que el Pleno del Consejo General del Poder Judicial concluyó precisamente en eso, en su inidoneidad, para ostentar dicho cargo.
La APIF también subrayó que el García Ortiz ya no puede ser considerado jurista de reconocido prestigio ya que fue condenado por el Tribunal Supremo «como autoridad que actúa con desviación de poder, utilizando sus potestades con finalidad distinta de la establecida por el ordenamiento», lo que contradice el artículo 29 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.
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