Los padres de cinco niños llevan un año y seis meses sin poder estar con sus hijos. Y todo ello, sin que la Junta de Andalucía les haya dado «ninguna explicación» al respecto.
Una situación que se alarga desde el mes de noviembre de 2022. Momento en el que la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad acordaba el desamparo provisional. Y en el que los funcionarios de la Administración andaluza llamaron a los padres para que acudieran a sus instalaciones «para darles una documentación respecto a los menores».
Sin embargo, tal y como explican desde el bufete Sires Abogados, que ahora representa a los padres, lo que sucedió fue muy distinto a lo explicado por los administrativos.
Así pues, una vez presentes en el lugar indicado, «el equipo de protección de menores les manifestó que debían entregar a sus hijos para que fueran llevados a distintos centros de menores». Y hacerlo sin oponer «resistencia alguna».
Una medida que se les aseguró que iba a ser «puntual y de poco tiempo». Sin embargo, 18 meses después, la situación se mantiene igual. Y los menores, separados de sus padres en centros de acogida.
Situación que supone una gran irregularidad, según asegura el abogado de los progenitores. «La resolución administrativa que inicia el proceso de desamparo debió haber sido comunicada de manera inmediata, en un plazo máximo de 48 horas. Pero no fue así», ha lamentado.
Los padres, sin acceso al expediente del caso
Ante estos polémicos hechos, desde el bufete se solicitó «los expedientes administrativos que dieron origen al desamparo». Sin embargo, ni el bufete ni los padres de los menores han obtenido «respuesta del personal del organismo público».
Una «negativa sistemática a facilitar documentación alguna» que también se repetía en el caso del nieto de esta pareja. Así pues, desde el equipo de protección de menores se alegaba que «no pueden dar toda la documentación, porque son muchos documentos, y les llevaría mucho tiempo realizar y enviar las copias».
«Oscurantismo», critica el letrado de los madres que, meses después, podría llevar a la Junta de Andalucía ante los tribunales.
Así pues, la familia ha presentado una demanda civil ante el Juzgado de Familia ante esta situación. Y es que, en este caso y tal y como asegura el bufete, «las actuaciones de protección no han sido desplegados por los servicios de menores con las garantías jurídicas exigibles. Y, en todo caso, ocultando las actuaciones a los progenitores».
Posición ante los tribunales en la que José Antonio Sires tampoco descarta el ejercicio de «acciones penales y la práctica de determinadas diligencias de investigación que ayuden al esclarecimiento de los hechos y del control del procedimiento administrativo».
Una cuestión que, hasta el momento, ha provocado que estos padres vivan con incertidumbre desde hace 18 meses separados de sus hijos.
