Mioara Muresan es una madre rumana de tres hijos que vive en Sevilla y que se ha visto obligada a recurrir -a través de una demanda civil presentada ante un Juzgado de Familia de Sevilla– la decisión de la Junta de Andalucía de quitarle al mayor, de 14 años. No le dieron explicaciones.
Los hechos se remontan al pasado 13 de febrero, cuando la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de Andalucía acordó el desamparo provisional del menor. Ese mismo día se personaron en el instituto en el que estudiaba agentes de policía y funcionarios de la Administración para llevárselo a un centro de menores.
El letrado que está llevando el caso, José Antonio Sires, del despacho sevillano Sires Abogados, ha explicado a Confilegal que ni el menor ni la madre tenían constancia de ello a pesar de “la acción tan sumamente importante que se iba a llevar a cabo por decisión de la delegación”.
Por otro lado, el letrado ha relatado que la Junta defiende que ha cumplido con “todas las garantías legales”. Pero han solicitado en el Juzgado como medida cautelar que les aporten todo el expediente desde el inicio para ver cuáles han sido los motivos por los que se han llevado al menor.
Y es que esta resolución administrativa tendría que haberle sido comunicada a la madre de forma inmediata en un plazo máximo de 48 horas tal y como establece la normativa, pero “no fue así”, ha apuntado el letrado.
Por lo que el letrado se ha opuesto al desamparo provisional del menor por si ha habido algún tipo de error o salto procesal a lo largo del procedimiento de desamparo. Ha reconocido que, desde su punto de vista, sí que ha habido porque la Junta de Andalucía alegó que ese «salto» se llevó a cabo como causa «urgente y justificada», pero él no lo considera así.
Se enteró de que le habían quitado a su hijo por su madre, que estaba en Rumanía
Mioara Muresan se enteró de que le habían quitado a su hijo por su madre, la abuela de la niña, que se encontraba a 3.158 kilómetros, en Rumanía, su lugar de origen. Las autoridades de dicho país acudieron a su domicilio para comunicarle que se lo habían llevado a un centro de menores.
Acto seguido, llamó a su hija para preguntarle qué era lo que estaba pasando con su nieto, pero Muresan, sorprendida, le dijo que no tenía ni idea de a qué se estaba refiriendo. Al pensar que le estaba ocultando algo, se enfadó con ella.
En esos momentos, la progenitora llevaba fuera de su domicilio un mes porque estaba recuperándose de una operación de urgencia de cáncer de útero y le mandó un WhatsApp a su hijo para preguntarle dónde estaba. Éste le respondió desde el mismo coche de policía y le dijo que «unos señores» le habían sacado del colegio y le llevan al centro de menores.
Una notificación escrita a bolígrafo y con tachones
Y “por si fuera poco”, apunta el letrado, la madre recibió el 20 de febrero una notificación en Correos de una carta certificada de la Junta de Andalucía en el que le indicaban «escrito a bolígrafo, con tachones y prescindiendo de toda formalidad» que “pasase a lo largo de la mañana por el Servicio de Protección de Menores”.
La notificación estaba firmada el mismo día en el que se había retirado al menor del centro escolar.
El abogado ha manifestado a este periódico que no descarta el ejercicio de acciones penales y la práctica de determinadas diligencias de investigación que ayuden al esclarecimiento de los hechos y del control del procedimiento administrativo llevado a cabo. Pues no se sabe el motivo por el cual le han quitado a su hijo.
Ha recordado que en 2017 hubo otro caso similar a este donde la Junta de Andalucía actuó mal y finalmente tuvo que indemnizar a la familia.
