El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha admitido la personación del Partido Popular (PP), Vox y Hazte Oír en el denominado ‘caso Plus Ultra’, la causa en la que está investigado el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.
El magistrado concede un plazo de dos días a la Fiscalía y a las partes personadas para que formulen alegaciones sobre “la conveniencia procesal de proceder a la agrupación de las acusaciones populares”.
Calama confirma así la personación de PP, Vox y Hazte Oír y señala que existen otras cinco entidades cuya admisión todavía está pendiente por la prestación de fianzas y la subsanación de distintos defectos procesales.
Entre ellas figuran Manos Limpias, Iustitia Europa, Borja Fernández Peña, Valores y Liberum.
La providencia también da por personado al abogado Víctor Moreno Catena como letrado defensor de Rodríguez Zapatero.
Rodríguez Zapatero y Plus Ultra
El juez ha citado al expresidente del Gobierno en calidad de investigado para el próximo 2 de junio, después de apreciar indicios de presuntos delitos de tráfico de influencias, blanqueo de capitales, organización criminal y falsedad documental.
Según el magistrado, Rodríguez Zapatero habría liderado una presunta trama de tráfico de influencias articulada mediante sociedades instrumentales, documentación simulada y canales financieros opacos con el objetivo de ejercer “influencias ilícitas, ocultar el origen y destino de los fondos y obtener beneficios económicos en favor de terceros y del propio entramado”.
La investigación se centra, en concreto, en determinar si el expresidente intervino en el rescate de 53 millones de euros concedido por el Gobierno a la aerolínea Plus Ultra a cambio del cobro de supuestas comisiones ilegales millonarias.
En el auto de imputación, Calama sostiene que Rodríguez Zapatero y su entorno habrían recibido cerca de dos millones de euros procedentes de la presunta trama tras el rescate de Plus Ultra.
Asimismo, el magistrado afirma que el exdirigente socialista habría ordenado la creación de una sociedad opaca en Dubái para canalizar el cobro de dichas comisiones.
Parte de esos fondos, según la resolución judicial, habrían llegado a través de la empresa Análisis Relevante, propiedad de Julio Martínez Martínez, amigo del expresidente y también investigado en la causa, mediante supuestos trabajos de consultoría que el juez sospecha que pudieron ser ficticios.
