empresario Víctor de Aldama ha asegurado este jueves ante la Audiencia Nacional, en calidad de investigado, que el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero utilizaba “teléfonos seguros” y que no le consta el cobro de comisiones en Baleares por los contratos de mascarillas adjudicados durante la pandemia a la presunta trama investigada en el denominado ‘caso Koldo’.
En esa misma declaración, Aldama sí diferenció la situación de Canarias, donde sostuvo ante el magistrado Ismael Moreno que sí se habrían producido pagos vinculados a adjudicaciones de material sanitario.
El magistrado se encarga de la instrucción de una de las piezas separadas del caso Koldo que investigan las presuntas irregularidades en la contratación pública de emergencia durante la crisis sanitaria del coronavirus.
La declaración se produce después del informe elaborado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre los contratos adjudicados en Baleares.
Los pagos de 10.000 euros mensuales, otro de los temas por los que se le ha interrogado
Durante su interrogatorio, Aldama también se refirió a los pagos de 10.000 euros mensuales que, según los investigadores, habría entregado a Koldo García, exasesor del entonces ministro de Transportes José Luis Ábalos.
El empresario negó que esas cantidades estuvieran vinculadas únicamente a los contratos de mascarillas y afirmó que también respondían a supuestos amaños relacionados con obra pública.
Asimismo, explicó ante el juez que Koldo García presumía delante de él de la relación que mantenía con la expresidenta balear y actual presidenta del Congreso, Francina Armengol.
Además aseguró que el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero utilizaba “teléfonos seguros».
La UCO vincula los pagos con la capacidad de influencia
La Fiscalía Anticorrupción había solicitado la declaración tanto de Aldama como de Koldo García después del informe de la UCO sobre Baleares, con el objetivo de profundizar en las relaciones entre los integrantes de la supuesta organización criminal investigada, entre ellos el propio Aldama, Koldo y el exministro Ábalos.
En ese informe, la Guardia Civil sostiene que los contratos de material sanitario adjudicados durante la pandemia «constituirán parte de la razón de ser» de los pagos periódicos de 10.000 euros en efectivo que Aldama habría realizado a Koldo García. Según los investigadores, esa relación permitía al empresario mantener acceso al entonces ministro de Transportes.
La UCO subraya además que esos pagos se mantuvieron incluso ocho meses después de la salida de Ábalos y Koldo del Ministerio en julio de 2021. Para los investigadores, ese patrón demostraría que las entregas económicas no se limitaban a actuaciones concretas, sino que respondían al mantenimiento de una red de influencia con capacidad para generar beneficios económicos.
En un principio, Aldama y Koldo estaban citados para declarar el pasado 14 de mayo, ambos como investigados. Sin embargo, el magistrado decidió aplazar la comparecencia del empresario tras revisar la agenda de señalamientos de la Audiencia Nacional.
Koldo se acogió a su derecho a no declarar
Por su parte, Koldo García optó finalmente por acogerse a su derecho a no declarar. Su defensa, encabezada por la letrada Leticia de la Hoz, presentó un recurso ante el juez solicitando el archivo de esta línea de investigación y la suspensión del interrogatorio, al considerar que los hechos relacionados con las mascarillas de Baleares y Canarias ya habrían sido juzgados en el Tribunal Supremo.
La abogada sostuvo que tanto la Fiscalía como las acusaciones populares incorporaron esos hechos a sus conclusiones definitivas durante el procedimiento seguido en el alto tribunal.
También recordó que en aquel juicio declararon como testigos la actual presidenta del Congreso, Francina Armengol, y el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ambos expresidentes autonómicos de Baleares y Canarias.
El juez Ismael Moreno mantiene abiertas varias líneas de investigación dentro del ‘caso Koldo’. Además de las presuntas irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia, la Audiencia Nacional investiga supuestos amaños de obra pública y presuntos pagos en metálico en el PSOE entre 2017 y 2024 para compensar gastos adelantados, una pieza que continúa bajo secreto de sumario.
