El magistrado Ismael Moreno no da tregua. El titular de la plaza 2 de la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia de la Audiencia Nacional (antes Juzgado Central de Instrucción 2) que instruye el caso de las mascarillas de Baleares en la Audiencia Nacional ha citado este jueves a Víctor de Aldama y a Koldo García para que declaren como investigados.
El detonante: un nuevo informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre los contratos de material sanitario adjudicados por Baleares a la presunta trama.
El auto ordena además el traslado de Koldo García desde la prisión de Soto del Real hasta la sede de la Audiencia Nacional en Madrid.
El exasesor de Ábalos lleva en prisión provisional desde el pasado noviembre. Igual que su exjefe.
La Fiscalía Anticorrupción había pedido estas declaraciones. Quiere seguir tirando del hilo. Seguir desmenuzando las relaciones entre los miembros de la organización criminal que, según la acusación pública, integrarían Aldama, Koldo y el propio Ábalos, entre otros investigados.
El informe de la UCO es demoledor en su precisión. Los contratos de mascarillas en Baleares, firmados al calor de la pandemia, «constituirán parte de la razón de ser de la contraprestación mensual de 10.000 euros en efectivo que Víctor de Aldama venía pagando a Koldo».
Una relación transaccional. El empresario pagaba. El asesor abría puertas. Las puertas del Ministerio de Transportes. Compraba acceso. Compraba poder.
Pero el informe va más lejos. Esos pagos no cesaron cuando Ábalos y Koldo fueron cesados en julio de 2021. Continuaron durante ocho meses más.
La UCO concluye que el patrón de pagos de Aldama no respondía a «actuaciones concretas» sino al «aseguramiento de su capacidad de influencia» para obtener «un lucro económico».
En otras palabras: Aldama pagaba por seguir teniendo palanca, aunque la palanca ya no estuviera en el poder.
Koldo dijo ser inocente. Aldama admitió los pagos
El pasado 7 de mayo terminó en la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo el juicio contra el exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, su exasesor, Koldo García, y el empresario Víctor de Aldama, quienes fueron enjuiciados por la compra de mascarillas desde el mencionado Ministerio.
Fueron 14 sesiones de mañana y tarde que arrancaron el 7 de abril. Ante un tribunal de siete magistrados, presidido por Andrés Martínez Arrieta, ponente también del caso.
Koldo García mantuvo su versión: inocente. Negó haber tomado «ninguna» decisión sobre la compra de mascarillas desde el Ministerio de Transportes.
Explicó que Ábalos le encomendó volcarse en la recepción del material sanitario y que él se limitó a «intentar ayudar: en todo lo que pude y en lo que me pedían».
Aldama fue más directo. Reconoció su papel en la trama y admitió que pagaba 10.000 euros mensuales, tanto a Ábalos como a Koldo.
Un dinero que, según él, salía de las «obras públicas» adjudicadas presuntamente de forma irregular desde el ministerio.
Una investigación que no para de crecer
La causa que instruye Moreno en la Audiencia Nacional es paralela —pero distinta— al juicio celebrado en el Supremo.
Ese tribunal asumió la parte del caso relativa a las mascarillas por la condición de aforado que tenía Ábalos como diputado en el momento de ser procesado.
Moreno, sin embargo, investiga frentes que van mucho más allá. Presuntos amaños en la contratación de obra pública.
Y, bajo secreto de sumario, los pagos en metálico del PSOE entre 2017 y 2024 para gastos anticipados: una pieza que permanece blindada y que, por ahora, el juez no tiene intención de revelar.
El Supremo asumió una parte del caso por el aforamiento de Ábalos como diputado cuando fue procesado. Moreno se queda con el resto. Y con el resto, al parecer, tiene para rato.
