La entrada masiva de migrantes procedentes de Marruecos los días 30 y 31 de julio ha supuesto para Ceuta un coste extraordinario estimado de 45,32 millones de euros hasta finales de 2026. Esa es la factura que el Gobierno de Juan Jesús Vivas ha presentado a la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón, que investiga las circunstancias en las que se produjo la crisis y las posibles responsabilidades penales derivadas de aquellos acontecimientos.
La cifra no representa el impacto económico total. Quedan fuera los gastos de atención a los menores extranjeros, las pérdidas de la Autoridad Portuaria y los perjuicios sufridos por las empresas y el empleo.
Mientras la ciudad autónoma cuantifica las consecuencias económicas, Tardón ha dado un nuevo paso en la investigación: ha acordado elevar una exposición razonada al Consejo de Ministros para solicitar, con carácter urgente, la desclasificación de nuevos documentos del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).
La magistrada considera que esa documentación resulta imprescindible para avanzar en las pesquisas, especialmente para determinar qué información manejaban los servicios de inteligencia sobre la actuación de Marruecos y qué comunicaciones intercambiaron con las autoridades del país vecino.
La instructora ha fijado un plazo de quince días para que se aporte la información solicitada.
La limpieza y recuperación medioambiental concentran 31,7 millones
El informe económico fue elaborado por la Consejería de Hacienda, Transición Económica y Transformación Digital de Ceuta y remitido a la Audiencia Nacional el pasado 21 de octubre, en cumplimiento de un requerimiento judicial acordado cinco días antes.
El documento calcula las necesidades extraordinarias desde los acontecimientos de finales de julio hasta el 31 de diciembre.
De los 45,32 millones estimados, 40,67 millones corresponden a gasto corriente y 4,65 millones a inversiones.
La mayor partida se concentra en medio ambiente, limpieza e instalaciones críticas, con 31,7 millones de euros, aproximadamente el 70 % del total.
Solo los trabajos extraordinarios de limpieza ascienden a 13,5 millones, a los que se añaden otros 3,5 millones por actuaciones realizadas mediante encargos a medios propios de la Administración.
La recuperación de playas y montes representa otros siete millones de euros, mientras que la gestión extraordinaria de residuos se ha valorado en cuatro millones.
A estas cantidades se suman las actuaciones de seguridad en playas, las intervenciones en cementerios y las obras de emergencia necesarias para proteger instalaciones críticas.
El segundo gran bloque corresponde a sanidad y servicios sociales, con 9,9 millones de euros.
La alimentación concentra 7,5 millones de esa cantidad. La protección de la salud pública, que incluye vacunaciones, material epidemiológico y actuaciones de laboratorio, supone otros 450.000 euros.
El informe incorpora también 1,15 millones para ampliar el cementerio y adquirir material, 200.000 euros para la atención a fallecidos y 600.000 euros para reforzar la seguridad de las instalaciones funerarias.
Los servicios municipales de seguridad y emergencias representan otros 1,55 millones, destinados a reforzar la Policía Local, los bomberos y el Parque Móvil.
En educación, Ceuta calcula necesidades extraordinarias por 1,48 millones, principalmente para garantizar la seguridad de los colegios.
La suspensión de las actividades de la Feria añade otros 690.000 euros en indemnizaciones a feriantes, titulares de casetas y orquestas contratadas.
La valoración no equivale a dinero íntegramente desembolsado, ya que incorpora tanto gastos derivados de la emergencia como previsiones correspondientes a los meses que restan del ejercicio.
Por otra parte, el Consejo de Ministros aprobó el pasado 13 de octubre una subvención extraordinaria de 45,3 millones de euros para Ceuta, destinada a financiar gastos corrientes y de capital derivados de la crisis. Según explicó entonces el Ministerio de Hacienda, la cuantía fue acordada con el Gobierno de la ciudad autónoma para garantizar la continuidad de los servicios esenciales.
Tardón quiere conocer las comunicaciones entre los servicios secretos españoles y marroquíes
En paralelo a la valoración económica, la investigación judicial continúa avanzando sobre una cuestión esencial: determinar cómo se produjo la entrada masiva y qué papel desempeñaron las autoridades marroquíes.
Para ello, María Tardón considera necesario acceder a documentación clasificada que todavía no se ha incorporado íntegramente al procedimiento.
La magistrada solicita todas las notas e informes del CNI difundidos a las autoridades españolas desde el 30 de julio, especialmente aquellos que se refieran a la actuación de Marruecos durante la crisis.
También reclama el contenido íntegro de una comunicación enviada por el servicio de inteligencia español a dos organismos marroquíes: la Dirección General de Estudios y Documentación (DGED), responsable de la inteligencia exterior, y la Dirección General de Vigilancia del Territorio (DGST).
La petición comprende igualmente las comunicaciones intercambiadas con ambos servicios que contengan avisos o alertas sobre posibles entradas irregulares desde Marruecos durante julio y hasta la recepción de la solicitud judicial.
Además, Tardón reclama la desclasificación de un informe del Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (CIFAS) fechado el 4 de agosto.
La magistrada sostiene que el acceso a estos documentos permitirá practicar nuevas diligencias, entre ellas las declaraciones testificales de agentes del CNI y de quienes recibieron sus comunicaciones.
Sin esa información, advierte, no podrá continuar con determinadas actuaciones de investigación, lo que podría comprometer los plazos de la instrucción.
La jueza apela al deber constitucional de colaboración con la Justicia
El auto contiene una argumentación jurídica sobre los límites de la clasificación de documentos oficiales cuando estos pueden resultar relevantes para una investigación penal.
Tardón sostiene que la condición de secreto o reservado de un documento no impide de manera absoluta que un órgano judicial promueva su desclasificación si su contenido resulta necesario para esclarecer posibles delitos.
A su juicio, el deber constitucional de colaboración con la Administración de Justicia adquiere especial importancia cuando la información solicitada mantiene una relación directa con los hechos investigados y no existen fuentes alternativas que permitan obtener las mismas pruebas.
La instructora entiende, además, que la documentación solicitada es relevante para investigar unos hechos que, según su planteamiento, comprometieron la seguridad del Estado.
Precisamente, lo que pretende esclarecer es quién estuvo detrás de aquellos acontecimientos y qué grado de intervención pudieron tener las distintas autoridades implicadas.
La decisión de desclasificar corresponde al Consejo de Ministros, al que la magistrada dirige su solicitud mediante una exposición razonada.
El CNI ya advirtió de la pasividad de Marruecos
La nueva petición judicial llega después de que el Gobierno desclasificara en septiembre unos 40 documentos relacionados con la crisis de Ceuta.
El Ejecutivo aseguró entonces que facilitaría nuevos informes relevantes si existían y defendió que no tenía nada que ocultar.
Sin embargo, Tardón considera necesario ampliar la documentación disponible.
Entre los informes incorporados a la investigación figura uno del CNI que analiza la actuación de las autoridades marroquíes durante los acontecimientos.
En ese documento, los servicios de inteligencia españoles atribuyen el desbordamiento de Ceuta, en parte, a la pasividad mostrada por Marruecos.
Según el CNI, las autoridades del país vecino eran conscientes, desde días antes, de que se estaba produciendo una situación anómala que podía desembocar en intentos de entrada irregular.
También habían decidido reforzar sus dispositivos de seguridad.
No obstante, su intervención para prevenir y controlar la crisis fue irregular. El informe apunta que las autoridades marroquíes priorizaron la protección del rey Mohamed VI durante la celebración de la Fiesta del Trono, cerca de la frontera, lo que habría condicionado su respuesta.
Estas conclusiones forman parte de los elementos que está examinando la Audiencia Nacional y no constituyen por sí mismas una atribución definitiva de responsabilidad penal.
La investigación avanza así por dos vías relacionadas: la cuantificación de las consecuencias económicas y materiales que sufrió Ceuta y el esclarecimiento de las circunstancias que hicieron posible una entrada masiva de aquella magnitud.
La primera ya tiene una estimación presupuestaria de 45,32 millones de euros, aunque incompleta. Para avanzar en la segunda, Tardón considera necesario acceder a los documentos de inteligencia que siguen clasificados.
