La aerolínea Plus Ultra ha asegurado este jueves en un comunicado su «total disposición a colaborar» con la investigación que instruye la Audiencia Nacional-
En concreto, sobre el presunto uso irregular del rescate público de 53 millones de euros concedido durante la pandemia y la supuesta trama de tráfico de influencias que, según el juez instructor José Luis Calama, habría estado liderada por el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.
La compañía ha reaccionado así después de conocerse el levantamiento del secreto de sumario de la causa. Así, Plus Ultra ha comunicado que está «analizando» el contenido del auto judicial «con el máximo rigor».
La compañía subraya su disposición a colaborar con la justicia
«Plus Ultra reitera su total disposición a colaborar en el esclarecimiento de los hechos, trasladando un mensaje de respeto hacia el proceso judicial y evitando interpretaciones parciales o descontextualizadas sobre un procedimiento que requiere gran precisión y responsabilidad en el tratamiento de la información», ha indicado.
En paralelo, la empresa insiste en desvincular la investigación de su operativa diaria. Según señala, la actividad de la compañía continúa «con normalidad», con todas las rutas funcionando conforme a la programación prevista y con el desarrollo del plan de negocio y de los compromisos adquiridos con clientes, pasajeros y plantilla.
Plus Ultra, compañía española con capital venezolano, comenzó a operar en 2015. Tiene base en Madrid, cuenta con unos 700 empleados y opera en 16 países con rutas que conectan, entre otros destinos, Madrid, Buenos Aires, Caracas, Lima y Tenerife.
El Gobierno defiende la legalidad del rescate
Desde el Ejecutivo han recordado que la ayuda fue aprobada en marzo de 2021 con cargo al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE), creado para sostener compañías afectadas por la crisis derivada de la pandemia.
Fuentes gubernamentales sostienen que Plus Ultra formaba parte de un «sector estratégico», en referencia al transporte aéreo, y que cumplía con los requisitos exigidos por la normativa para acceder a las ayudas públicas.
El Gobierno recalca además que la concesión de estos préstamos se articula a través de «un marco reglado», en el que —afirman— «no cabe la discrecionalidad, ni la arbitrariedad ni la discriminación».
En el caso concreto de Plus Ultra, el Gobierno asegura que la resolución favorable se apoyó en «media docena de informes técnicos» que avalaban el cumplimiento de las condiciones establecidas para acceder al fondo.
Colaboración de Estados Unidos en la investigación
La investigación judicial cuenta también con colaboración internacional. La agencia estadounidense Homeland Security Investigations (HSI) ha confirmado que cooperó con la Policía Nacional española en una investigación sobre presunto blanqueo de fondos públicos internacionales que terminó derivando en la imputación de Zapatero.
Fuentes de HSI han señalado que aunque no pueden pronunciarse sobre el contenido concreto de la causa penal, la agencia mantiene su compromiso de trabajar con socios internacionales «para combatir la delincuencia global, proteger a nuestras comunidades y defender el Estado de derecho».
En el auto por el que el magistrado José Luis Calama acordó citar a declarar a Zapatero como investigado el próximo 2 de junio, el juez ya hacía referencia a esa cooperación internacional. En concreto, señalaba que HSI facilitó a la Brigada Central de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción información obtenida del dispositivo electrónico de uno de los presuntos implicados en la trama investigada.
