El magistrado del Juzgado Central de Instrucción 4 de la Audiencia Nacional, José Luis Calama ha ordenado bloquear las cuentas bancarias del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, hasta el límite 490.780 euros, que es el importe recibido de la sociedad Análisis Relevante.
El magistrado ha acordado también el bloqueo de saldos de otras mercantiles investigadas en la causa
La medida sitúa al exlíder socialista en el epicentro de la investigación sobre el caso Plus Ultra.
No es una imputación menor. Calama le señala como supuesto cabecilla de toda una red organizada de tráfico de influencias.
En palabras del propio auto judicial, Zapatero habría puesto «sus contactos personales y su capacidad de acceso a altos cargos de la Administración al servicio de terceros interesados en obtener decisiones favorables».
Una afirmación que, de confirmarse, afectaría de lleno a la credibilidad de uno de los expresidentes más influyentes de la democracia española.
El objetivo de la supuesta trama era claro: sacar dinero público para Plus Ultra. La aerolínea, de capital venezolano, recibió en 2021 una inyección de 53 millones de euros con cargo al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Aeronáuticas —el fondo creado durante la pandemia para rescatar compañías estratégicas del sector—.
Lo que investiga Calama es si esa ayuda no fue fruto de criterios técnicos, sino de presiones ejercidas desde dentro del sistema.
El entramado que describe el juez es sofisticado. Empresas pantalla, documentación falsa y circuitos financieros diseñados para ocultar el origen y el destino del dinero.
No se trató, subraya el instructor, de influir de forma difusa o genérica sobre la Administración: el objetivo fue obtener una resolución administrativa muy concreta. La aprobación y el desembolso de esos 53 millones.
Una medida cautelar que, en la práctica, tiene un doble efecto: impide mover activos que podrían ser producto del delito y lanza una señal inequívoca sobre la dirección que toma la instrucción.
El caso Plus Ultra lleva meses sacudiendo los márgenes del poder político y económico español. Pero la orden de Calama eleva la temperatura de forma sustancial.
Que un juez de la Audiencia Nacional bloquee las cuentas de un expresidente del Gobierno no tiene precedente en la historia judicial reciente de este país.
