La penúltima sesión del juicio contra David Sánchez Pérez-Castejón y los diez acusados restantes terminó con una fractura visible en el bando acusador. Las siete acusaciones populares personadas coincidieron en pedir condena.
No coinciden en casi nada más. Seis quieren enviarlo seis años a prisión. Una séptima rebaja esa petición a dos años y once meses.
Y la Fiscalía, mientras tanto, pide que salga libre.
Lo que las separa no son los hechos. Son los hechos que cada una considera penalmente relevantes y la distinta valoración jurídica de lo ocurrido en la Diputación de Badajoz.
Las seis que aprietan
El Partido Popular, Vox, Hazte Oír, Liberum, Iustitia Europa y Abogados Cristianos llegaron a la vista final con escritos prácticamente calcados.
Su teoría del caso es sencilla y contundente: la plaza de Coordinador de Actividades de los Conservatorios no fue el resultado de una necesidad administrativa. Fue un traje cosido a medida para una persona concreta.
Y añaden más. Que cuando el puesto dejó de resultar conveniente tal como estaba diseñado, los responsables de la Diputación lo transformaron en la Oficina de Artes Escénicas.
Otro traje. Misma tela.
Y que la contratación posterior de Luis Carrero, persona del entorno de David Sánchez, respondió exactamente a la misma lógica.
Tres episodios. Tres bloques de hechos presuntamente delictivos. Todos engarzados en la misma secuencia deliberada.
Los delitos que invocan son prevaricación administrativa y tráfico de influencias. En el primer caso, sostienen que las resoluciones de la Diputación fueron conscientemente contrarias al ordenamiento jurídico, que es justo lo que exige el artículo 404 del Código Penal.
En el segundo, que David Sánchez utilizó sus relaciones y su posición para inclinar decisiones públicas a su favor.
La incorporación de esos tres episodios es lo que ha llevado a estas seis acusaciones a duplicar sus peticiones iniciales. El resultado: seis años de prisión, más las inhabilitaciones correspondientes.
Manos Limpias se queda sola
La posición de Manos Limpias es otra.
No porque haya abandonado la acusación. La mantiene. Pero ha elegido quedarse solo con lo que considera jurídicamente más sólido y menos expuesto.
La razón de fondo es la prescripción del delito de aceptación de nombramiento ilegal. El artículo 406 del Código Penal castiga a quien acepta un cargo público careciendo de los requisitos legalmente exigidos. Esa imputación estuvo sobre la mesa durante la instrucción. El tiempo la consumió. Prescribió.
El resultado: una petición de dos años y once meses. Más que moderación, una apuesta por la viabilidad procesal.
La Fiscalía, en la vereda contraria
Frente a todos ellos, el Ministerio Público ha llegado con una postura radicalmente distinta.
No pide condena. Pide absolución.
Su argumento es que los hechos investigados no permiten acreditar ni prevaricación ni tráfico de influencias. Que las resoluciones de la Diputación no fueron arbitrarias. Que no hay prueba de que David Sánchez ejerciera influencia alguna sobre ningún responsable público.
Esa divergencia entre la acusación popular y la Fiscalía no es un detalle menor. Es la arquitectura del caso.
Las defensas: conjeturas, no pruebas
Las defensas cerraron sus informes con una línea argumental compartida: la absolución de todos los acusados.
El abogado de David Sánchez, Emilio Cortés, fue directo. Ni prevaricación ni tráfico de influencias pueden prosperar sin dolo. Y el dolo, dijo, no se ha probado. No existe «ningún signo objetivo» de que su cliente supiera que participaba en algo ilícito.
Las defensas del expresidente de la Diputación, Miguel Ángel Gallardo, y del resto de acusados siguieron la misma senda: el procedimiento fue ordinario, pasó todos los controles y nadie ha identificado a qué funcionario se presionó ni mediante qué mecanismo concreto.
Ahora le toca decidir a la Audiencia Provincial de Badajoz.
En un lado de la balanza, seis acusaciones que ven un plan orquestado desde el principio. En el otro, una Fiscalía que no ve delito ninguno.
Lo que hay entre medias es, precisamente, lo que el tribunal deberá dilucidar.
