La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha confirmado el bloqueo y embargo preventivo de una serie de cuentas bancarias y productos financieros del investigado Víctor Gonzalo de Aldama Delgado en la causa en la que se investiga el presunto cobro de comisiones por la venta de mascarillas durante la pandemia.
En un auto, los magistrados que conforman la Sección Segunda, Fernando Andreu Merelles, Ana Revuelta Iglesias y Javier Mariano Ballesteros Martín, han desestimado el recurso de apelación interpuesto por De Aldama contra la medida cautelar que acordó el titular del Juzgado Central de Instrucción 2, Ismael Moreno, que es el que está llevando a cabo la investigación.
Moreno investiga la supuesta adjudicación irregular de contratos de venta de mascarillas por un total de 54 millones de euros con los ministerios de Transportes y Sanidad, así como con las administraciones de Baleares y Canarias, cuando también estaban gestionadas por gobiernos del PSOE.
Los tres magistrados consideran que la medida está justificada porque existen elementos indiciaros por los que se puede considerar verosímil que De Aldama haya podido cometer los delitos que se le imputan: pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho y tráfico de influencias en relación con los contratos de emergencia durante la pandemia.
De Aldama también habría “instrumentalizado las cuentas bloqueadas para la comisión de los delitos objeto de investigación”.
Y recuerdan que, según el juez instructor, aquel habría obtenido un beneficio económico por las adjudicaciones de 5,5 millones de euros.
El tribunal de apelación considera adecuado el bloqueo con el fin de evitar la sustracción de bienes del investigado a la acción tutelar del juzgado de instrucción, que quedaría mermada si se accediera a la pretensión del desbloqueo de las cuentas.
En este sentido, señala que, tal y como expone el juez Moreno en su auto de bloqueo, “la investigación ha revelado además, que Aldama estaría llevando a cabo una despatrimonialización de sus bienes en territorio nacional” y “Del análisis preliminar de las cuentas bancarias de Juan Carlos Cueto y Víctor Gonzalo de Aldama y de los entornos societarios controlados por ambos investigados existen indicios de que pudieran estar ocultando su responsabilidad en los hechos investigados, y de los beneficios obtenidos de los mismos”.
Por todo ello, la Sala de lo Penal concluye que concurren elementos que conducen indiciariamente a entender que en las cuentas corrientes bloqueadas habrían podido recibir ingresos con origen en las actividades ilícitas investigadas.
Todo ello, advierte, “sin perjuicio de que el avance de la instrucción fortalezca o debilite estos indicios; y un debilitamiento podría conducir a un replanteamiento de la medida cautelar impugnada“.
