Realizar prácticas durante la formación académica es especialmente relevante en muchas profesiones. Una cuestión ante la que la Comunidad de Madrid lleva años participando en el caso de los estudiantes de Derecho. En concreto, gracias a colaboraciones entre universidades, Consejería de Justicia, Ministerio de Justicia, y Consejo General del Poder Judicial.
Así pues, en este mes de mayo, se han hecho oficiales desde la Comunidad de Madrid dos convenios, de cuatro años de duración, con la Universidad Camilo José Cela, y la Universidad Rey Juan Carlos.
Acuerdos que tienen un principal objetivo. “La preparación profesional en el ámbito judicial de los estudiantes que están cursando carreras relacionadas con la Administración de Justicia”, explican a Confilegal fuentes de la Consejería de Justicia madrileña.
“A los alumnos se les enseña cómo se instruyen los procedimientos judiciales de principio a fin. Por lo tanto, están en continuo contacto con la labor que hacen día a día jueces, letrados, funcionarios y abogados”, destacan.
Una colaboración que “estará siempre supeditada a las necesidades y disponibilidad del Juzgado o Tribunal donde se realicen las prácticas”. Algo ante lo que la Consejería de Justicia es la responsable de “facilitar el acceso del alumnado a las sedes de los juzgados y tribunales”.
Alumnos de prácticas que deben guardar secreto y confidencialidad
“El acceso del alumnado a las actuaciones judiciales se producirá en la medida que lo permita la situación del procedimiento, su declaración o no de secreto, y quedando salvaguardado el deber de reserva o sigilo. Y preservada, en todo caso, la identidad de las personas implicadas”, explica el escrito de Justicia.
Así pues, estos alumnos, escogidos por la universidad para realizar estas prácticas en juzgados y tribunales, serán la “sombra” de jueces y abogados en los procedimientos judiciales. Eso sí, manteniendo el secreto mismo de la profesión.
Y, tal como explica el convenio, sin “entorpecer el desempeño normal” de las funciones de sus tutores.
Papel de «actitud activa en las tareas que se le encomienden», mantenimiento del secreto profesional, o cumplimiento de las normas y horarios que estará vigente durante todas las prácticas, que tendrán horario de mañana.
Una formación que, tal y como explica el convenio, buscará «la formación de profesionales que en un futuro pudieran colaborar o dar servicio a la Administración de Justicia». Pero que, sin embargo, no se considerará «mérito alguno para el acceso a la función pública».
Lo que sí se considerará será el tiempo de formación de estos alumnos. Al menos, de cara a la Seguridad Social. Algo que confirman desde la Comunidad de Madrid. «Desde el cambio normativo, a los estudiantes que realicen prácticas se les computa dicho periodo a los efectos de la seguridad social» , aseguran.
