El Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves la Ley de Amnistía. Una norma que ha sido polémica en su creación, y también su votación dentro del Parlamento. Así pues, muchos han sido los diputados que han expresado su rechazo a esta norma. Especialmente, desde la bancada de la formación de Santiago Abascal, que recibían el voto positivo de Pedro Sánchez con gritos de “traidor” en la Cámara.
Ley de Amnistía que finalmente ha conseguido 177 apoyos dentro del Congreso de los Diputados. Y que, ahora, supone un nuevo reto para los jueces y juezas de los tribunales españoles.
“La Ley entrará en vigor una vez se publique en el Boletín Oficial del Estado. Y desde ese momento es plenamente aplicable por los tribunales, que habrán de atender sus indicaciones sin perjuicio de que si consideran que pudiera haber uno o varios preceptos constitucionales, planteen la correspondiente cuestión al Tribunal Constitucional”, explica Edmundo Rodríguez Achutegui desde Jueces y Juezas por la Democracia.
Una aplicación que, para Foro Judicial Independiente, supondrá que los jueces vuelvan a estar “en el punto de mira”.
«A corto plazo, habrá que esperar para ver cómo se desarrolla la Ley de Amnistía. Va a haber decisiones judiciales diferentes, según lo entiendan los jueces que trabajan con estos asuntos. Y sin un precedente», asegura Fernando Portillo, desde Foro Judicial Independiente.
Una situación que podría hacer que «aquellos jueces que planteen cuestiones prejudiciales, o aquellos que directamente que no apliquen la Ley de Amnistía en sus casos, tal y como está el nivel de crispación y polarización en el debate público, serán señalados».
«Pido por favor que tanto si se hace una cosa, como la contraria, no se señale a los jueces. Que nos dejen trabajar», destaca Portillo, recordando que las decisiones de los jueces son únicamente de carácter jurídico, y no político.
La Ley de Amnistía vulnera el Estado de Derecho
«Es contraria a la separación de poderes. Y , por tanto, a la igualdad de todos los ciudadanos ante la Ley. Entendemos que es una muy mala noticia para el Estado de Derecho, que a partir de hoy, se degrada un poco más en nuestro país», lamenta Portillo.
Una posición que comparten desde la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), que reiteran el rechazo a esta norma que ya se hizo público a finales de 2023.
«Para nosotros, en una opinión jurídica, vulnera el principio de igualdad. Carece de sustento en un régimen democrático. E implica un ataque al Estado de Derecho, socavando la separación de Poderes», destaca la magistrada Pilar Astray, miembro del Comité Ejecutivo Nacional de la APM.
«La tramitación de esta Ley ha venida acompañada de un mensaje político agresivo contra la adjudicatura, y con el señalamiento público de los jueces. Lo cual es verdaderamente preocupante», lamentan desde APM.
Un posicionamiento en el que coinciden desde la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), que lamentan «profundamente que se hayan desoído las críticas y las alertas de muchos juristas durante la tramitación parlamentaria».
«El texto es perverso. Busca trasladar al Poder Judicial la decisión y la determinación de qué conductas son amnistiables con una narrativa intencionadamente confusa, ambigua y que será susceptible de variadas interpretaciones, todas ellas potencialmente válidas», asegura Sergio Oliva Parrilla, portavoz de la AJFV.
