El juez de instrucción, según la Audiencia Provincial de Barcelona, no cumplió con los requisitos legales para la prórroga de la instrucción. Foto: EP.
La Audiencia Provincial de Barcelona obliga al juez del caso Voloh a decidir si envía la causa a juicio o archiva
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05/6/2024 06:30
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Actualizado: 05/6/2024 10:52
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La Audiencia Provincial de Barcelona ha dictaminado que el juez de instrucción Joaquín Aguirre no puede seguir investigando las supuestas conexiones del independentismo catalán con emisarios rusos en busca de apoyos para el «procés», el 1-O y la declaración unilateral de independencia de 2017,
Esta decisión afecta a la causa conocida como el «caso Voloh», que implica al expresidente catalán, y prófugo de la justicia, Carles Puigdemont por un supuesto delito de alta traición, excluido de la amnistía.
La anulación de la prórroga de la investigación obliga al magistrado Aguirre a tomar una decisión inmediata sobre el futuro del caso con la evidencia reunida hasta agosto de 2023.
El tribunal de la Sección 21 de dicho órgano judicial, integrado por los magistrados María Roser Garriga Queralt, Joan Ràfols Llach y María del Pilar Pérez de Rueda responde así a un recurso de apelación interpuesto por Xavier Vendrell, exconsejero de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC).
CASI TODAS LAS DILIGENCIAS DE LA CAUSA DE LOS ÚLTIMOS DIEZ MESES SON NULAS
En su auto, los tres magistrados anulan la prórroga de la investigación que Aguirre, magistrado titular del Juzgado de Instrucción 1, había acordado en agosto de 2023, ordenando que decida si envía el caso a juicio con los indicios recopilados hasta esa fecha o si lo archiva.
La resolución invalida todas las diligencias realizadas desde agosto de 2023, exceptuando los informes de la Guardia Civil sobre los teléfonos y el material incautado a los investigados.
La decisión se fundamenta en que, según el tribunal de apelación, el magistrado de la causa no cumplió con los requisitos legales para la prórroga de la instrucción.
La Sala destacó la falta de concreción en las diligencias pendientes de realizar y su relevancia para la investigación, así como la inactividad de 6 meses en el caso desde la última prórroga en enero de 2023 hasta la siguiente en agosto de 2023.
El tribunal de apelación considera que el magistrado Aguirre había tenido tiempo suficiente para investigar los hechos y que la causa, aunque compleja, no justificaba más prórrogas sin concretar las diligencias necesarias.
La investigación original del caso Voloh comenzó en agosto de 2019, centrada en posibles delitos de malversación de caudales públicos y blanqueo de capitales, y se fue ampliando para incluir las supuestas conexiones con Rusia.
El tribunal considera que el magistrado Aguirre había tenido tiempo suficiente para investigar los hechos y que la causa, aunque compleja, no justificaba más prórrogas sin concretar las diligencias necesarias.
La Audiencia subraya que la prolongación de la instrucción sin una justificación adecuada vulnera los derechos de los justiciables a ser enjuiciados en un plazo razonable y sin dilaciones indebidas.
El caso Voloh investiga las relaciones de líderes independentistas catalanes, incluidos Carles Puigdemont y su círculo cercano, con intermediarios vinculados al Kremlin antes y después del referéndum del 1-O en 2017.
Entre los investigados figuran Josep Lluís Alay, Víctor Terradellas y Jaume Cabaní, quienes supuestamente mantenían «estrechas relaciones personales» con políticos de extrema derecha europea y representantes rusos dispuestos a apoyar la independencia de Cataluña.
Esta decisión de la Audiencia Provincial de Barcelona marca un hito en la evolución del caso Voloh, limitando significativamente la capacidad de continuar indagando las presuntas conexiones internacionales del independentismo catalán.
LO QUE DICE LA LECRIM
La resolución también pone en evidencia las dificultades legales y procesales en la gestión de investigaciones prolongadas y complejas, subrayando la importancia de adherirse estrictamente a los plazos y requisitos legales para garantizar un proceso justo.
La Ley de Enjuiciamiento Criminal, el código procesal penal español, establece, en su artículo 324 que la instrucción de las causas penales tienen que llevarse a cabo en el plazo máximo de 12 meses. Si antes de que finalice el plazo se constata que no es posible finalizar la investigación, el juez, oídas las partes, puede acordar prórrogar sucesivas o inferiores a 6 meses.
«Las prórrogas se adoptarán mediante auto donde se expondrán razonadamente las causas que han impedido finalizar la investigación en plazo, así como las concretas diligencias que es necesario practicar y su relevancia para la investigación», dice el mencionado artículo.
El análisis de la causa por parte de la Audiencia Provincial de Barcelona, como respuesta al recurso de apelación del exconsejero de ERC investigado, llevó a esta tribunal a concluir que el magistrado instructor ha prolongado innecesariamente la investigación, de ahí este desenlace.
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