El Tribunal Constitucional estudiará la semana que viene la posibilidad de estimar el recurso planteado por Magdalena Álvarez, y anular su condena a nueve años de inhabilitación por prevaricación en el caso de los ERE, como propone la ponencia redactada por la vicepresidenta del tribunal, Inmaculada Montalbán.
Una pena impuesta a la exministra socialista y exconsejera de Economía de Andalucía, por la Audiencia de Sevilla en 2019 y confirmada por el Supremo en 2022.
Fuentes jurídicas han informado del sentido del texto planteado la magistrada Montalbán, para el Pleno que comenzará el próximo 18 de junio y en el que comenzará la deliberación sobre el primero de los 12 recursos interpuestos por los condenados.
Tras un año y medio de estudio de los recursos de amparo interpuestos por doce de los condenados, el Pleno abordará por vez primera la deliberación y resolución de los recursos, el primero de ellos el de Álvarez.
Los magistrados debatirán si están de acuerdo con el criterio planteado por la vicepresidenta del TC.
Interpretación excesiva del delito de prevaricación
A principios de año trascendió que el Ministerio Público había informado a la corte de garantías de que la eventual revisión de penas de los ERE solo debía afectar al delito de prevaricación «en relación con la elaboración y aprobación de los anteproyectos de ley de presupuestos» de Andalucía y su remisión al Parlamento autonómico.
Para la Fiscalía, en este extremo tanto la Audiencia Provincial de Sevilla como el Tribunal Supremo hicieron una interpretación excesiva del delito de prevaricación por tratarse del ejercicio de la iniciativa legislativa.
Las fuentes consultadas precisan que la cuestión constitucional que plantea la condena de Magdalena Álvarez es si la aprobación del proyecto de ley de presupuestos –luego aprobada como ley– podía haber sido o no juzgada por un juez penal y calificado como acto administrativo injusto.
Dichas fuentes insisten en que este será uno de los puntos del debate porque se estudia si el juez en cuestión tenía que haber planteado una cuestión de inconstitucionalidad ante el propio TC si albergaba dudas sobre la legalidad de ley en lugar de declarar ilegal la norma.
El Constitucional abordará el caso de Álvarez tras casi un año y medio de estudio
Los magistrados admitieron a trámite el recurso de amparo al entender que tiene especial trascendencia constitucional.
Sostienen que plantea «un problema constitucional que incide en derechos fundamentales sobre el que no hay doctrina del tribunal y porque suscitan una cuestión jurídica de relevante y general repercusión social y tienen unas consecuencias políticas generales», según apuntaba este lunes el TC en una nota informativa.
La Fiscalía pide estimar los recursos de los sentenciados solo por prevaricación
La Fiscalía del Constitucional ha pedido estimar los recursos de ocho de los condenados, todos ellos sentenciados solo por prevaricación.
Igualmente, ha decidido rechazar los recursos de tres más, aquellos que suman el delito de malversación, que fue por el que el expresidente José Antonio Griñán fue condenado a penas de prisión.
El tribunal de garantías admitió a trámite los recursos el 5 de junio de 2023 y el pasado septiembre rechazó dejar en libertad a siete ex altos cargos de la Junta de Andalucía condenados a penas de prisión, mientras se resolvía el fondo de sus recursos de amparo.
Esta decisión no afectó a Griñán que desistió de su petición cautelar, una vez que la Audiencia de Sevilla acordó suspender por un plazo de cinco años la ejecución de su condena a prisión debido al cáncer que padece, si bien mantuvo su recurso de amparo.
