El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha pedido este martes a los fiscales del ‘procés’ que elaboren un informe «alternativo» al que le presentaron hace unos días en el que consideraban que la amnistía no es aplicable al delito de malversación, lo que dejaría fuera de la gracia a Carles Puigdemont y Oriol Junqueras.
En una reunión celebrada este martes, a la que han asistido Javier Zaragoza y Jaime Moreno, han asegurado que mantienen su criterio íntegro y no quieren modificarlo. Algo que ya anunciaron junto a sus compañeros Consuelo Madrigal y Fidel Cadena, hace unos días.
Según han confirmado fuentes fiscales, Javier Zaragoza y Jaime Moreno han confirmado el criterio que mantienen con sus compañeros Consuelo Madrigal y Fidel Cadena en un encuentro celebrado con el fiscal general este mismo martes, día en que la propia ley de amnistía ha entrado en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Los fiscales han respondido que ellos ya le entregaron un extenso informe de más de 100 páginas hace unas semanas, si bien Álvaro García Ortiz les ha insistido es que es preciso elaborar «un informe procesal» y «no un informe genérico sobre la ley», porque en el anterior opinaban de cuestiones de las que no eran competentes y de otras sobre las cuales el Supremo no les ha preguntado.
Según las fuentes, los dos fiscales se han comprometido a entregarlo en los próximos días, sin dar más detalles ni adelantar en la reunión cual será su posición.
No obstante, otras fuentes indican que los fiscales mantienen su criterio y no piensan modificarlo, es decir, que se oponen a amnistiar el delito de malversación porque la propia norma lo excluye y, además, «afecta a intereses financieros de la UE» y que solo se pueden perdonan los delitos de desobediencia y desórdenes públicos.
Cuando lo entreguen, el fiscal general tendrá que ver si avala su posición y será entonces cuando los fiscales del procés decidan, en caso de que García Ortiz no comparta su postura, si invocan el artículo 27 del Estatuto Orgánico del Ministerio Público para la convocatoria de una Junta de Fiscales de Sala.
La última palabra la tendrá siempre el fiscal general.
